El auge del empleo en educación: la formación privada dispara un 30% los ocupados en el sector
El número de trabajadores en este tipo de actividades ha pasado del 1,1 millones justo antes de la pandemia a 1,4 millones en la actualidad, una evolución que multiplica por tres el avance del empleo en general


En los últimos años, sobre todo después de la pandemia, y en especial desde la entrada en vigor en 2022 de la última reforma laboral, el sector de la educación está siendo, mes tras mes, uno de los principales motores del nuevo empleo. Las cifras estadísticas oficiales son rotundas. Según la afiliación a la Seguridad Social, en diciembre de 2019, justo antes de que estallara la crisis de la pandemia, había 1,1 millones de trabajadores adscritos en el sector de la educación, mientras que en abril de 2025 este colectivo había aumentado casi un 30%. El incremento multiplica por tres lo que ha crecido el empleo general durante el mismo periodo de tiempo, que ha avanzado un 11% (de 19,4 millones de afiliados a 21,5 millones), según las cifras medias sin ajuste estacional.
Retrocediendo aún más en el tiempo, el patrón se mantiene. En los últimos diez ejercicios completos (de 2015 a 2024) el número de cotizantes a la Seguridad Social creció un 32% mientras que el avance en las actividades educativas fue del 64%, justo el doble. Y da igual qué tipo de indicador se tome: el comportamiento de la ocupación es similar al que muestran los registros del número de cotizantes.
El incremento es llamativo en un contexto de disminución de la natalidad, lo que lleva a un crecimiento muy moderado de los alumnos escolarizados en España. ¿Qué explica entonces que se hayan generado 300.000 nuevos empleos relacionado con el sector educativo en apenas tres años? Las causas son múltiples según los expertos, desde cambios en la manera de registrar el empleo en el sector que explican parte del éxito hasta cambios estructurales de calado.
“Hay varios motores que impulsan en empleo en la educación”, resume Carlos Quirós, responsable del área jurídica del sector educativo en la Unión Sindical Obrera (USO), una de las centrales con mayor presencia entre los trabajadores del sector. Pero destaca una razón especialmente: “La universidad privada vive su época dorada”.
El bum de las privadas
Quirós cita tres causas que explica ese auge de la educación superior de pago. La primera es una “explosión de pequeñas universidades privadas”, muchas de ellas amparadas por la enseñanza online tras la pandemia. En segundo lugar está el hecho de que estén llegado a la universidad muchos hijos únicos, que hacen más asumible la inversión de una familia en un centro privada. El tercer motivo es la falta de plazas en la universidad pública, lo que sitúa en un nivel muy alto las notas de corte para acceder a ella. “En muchos casos, hay estudiantes que tienen que rozar la perfección para poder entrar en muchos grados de la universidad pública”, se queja el sindicalista.
Las cifras oficiales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades indican que, aunque la mayoría del profesorado y personal investigador trabaja para la universidad pública (113.944 docentes de un total de 141.887 en el curso 2023-2024), el empleo en ese colectivo crece desde la pandemia a un ritmo de entre el 1% y 2% anual. Mientras, el número de docentes en los centros universitarios privados, aunque mucho menor (27.943 empleados) aumenta alrededor de un 10% anual. El cambio coincide con un incremento del número de universidades privadas que existen en España (46 y diez en estudio pendientes de autorización) al punto de igualarse con la públicas (50 campus), con datos de 2024.
En el Ministerio de Trabajo apuntan otra de las claves de lo que está ocurriendo, también en el terreno del sector privado: el empleo ligado a la educación comprende no solo las actividades de la enseñanza reglada (colegios y universidades fundamentalmente) sino que, bajo su paraguas, incluye múltiples ocupaciones ligadas a la educación como las academias de refuerzo, preparación de oposiciones o talleres municipales, por poner algunos ejemplos. Y este tipo de actividades, con distintos códigos de actividad para el registro, estarían concentrando una buena parte de la nueva ocupación agrupada en la estadística bajo el epígrafe educación.
Una empresa paradigmática de cómo está creciendo el sector al margen de la formación reglada es la academia para formar opositores Adams. A esta actividad, suma otras divisiones dedicadas a la formación profesional para el empleo (directa o a través empresas), a la impartición de cursos gratuitos subvencionados o a la producción editorial. La reactivación del empleo público en los últimos años, registrando las mayores ofertas de la historia, ha incrementado lógicamente la docencia en materia de oposiciones. Eso se ve reflejado en los datos de contratación del registro de Seguridad Social. Los trabajadores del sector público en la educación, fundamentalmente los interinos, representaban el 18% de los contratos del sector realizados antes de la crisis sanitaria, mientras que en la actualidad son el 27%.
Jesús Pérez Martín, director general de Adams, explica que “en los últimos años, especialmente después de la pandemia, las personas han tomado del todo conciencia de que la formación es una necesidad social, con todo lo que eso conlleva de infraestructuras para impartirla”. Y destaca que los cursos formativos no reglados en numerosas áreas, pero sobre todo en materia tecnológica, han incrementado notablemente su oferta no solo entre trabajadores que quieren actualizarse, sino también entre los propios jóvenes a los que la formación reglada no les facilita los conocimientos de vanguardia que demandan.
A esto, el directivo de Adams suma “el enorme esfuerzo inversor que está haciendo el Estado en cursos gratuitos de formación para particulares o empresas” de todo tipo, muchos de ellos cofinanciados por los fondos europeos tras la pandemia. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo, acordó este año repartir entre las comunidades autónomas 2.571 millones de euros para los programas de empleo y formación profesional para el empleo. Esto supone un notable salto con respecto a los 1.800 millones destinados el ejercicio anterior.
Deficiencias estadísticas
Sin embargo, es difícil desagregar con registros administrativos el detalle de cómo está evolucionando el empleo en todas estas actividades educativas privadas al margen de la educación reglada. De hecho el presidente nacional del sector de la educación del sindicato de funcionarios CSIF, Mario Gutiérrez, apunta que la contabilización del empleo en el sector por parte la Seguridad Social tiene algunas deficiencias. Fundamentalmente critica que no diferencie los puestos de trabajo en la educación reglada, en centros públicos y privados, de la no reglada (trabajadores de academias, promotores de cursos online, profesores de bailes de salón, de clases extraescolares o trabajadores administrativos, entre otros).
La falta de detalle en la clasificación estadística hace difícil también evaluar el impacto de algunas cuestiones como los procesos de estabilización del profesorado en el sector público o el trasvase estadístico que operó la Seguridad Social hace un par de años. En principio, la primera de estas causas no se debería traducir en un aumento significativo del número de ocupados, ya que lo único que se produce es un cambio en la modalidad contractual del trabajador, que pasa de ser interino a fijo dentro de la Administración pública. Pero sí debería de haber reducido la temporalidad en el sector público educativo, algo que no se ha producido. Al menos, no en la intensidad deseada: España debería tener un 8% de temporalidad en el sector público desde finales de 2024 acorde con el compromiso con Bruselas y prácticamente triplica ese porcentaje. Según el Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas, un tercio de los trabajadores de la docencia no universitaria (el 33%) es temporal. De esto se deduce que los procesos de estabilización han convivido con nuevas contrataciones eventuales para cubrir las necesidades del sector.
Lo que sí se ha notado y tiene más fácil cuantificación es el cambio de encuadre estadístico en el registro de cotizantes al sistema. Esto podría explicar una buena parte de la nueva ocupación, que no sería tal. En el Ministerio de Trabajo defienden que “no hay modificaciones sustanciales de patrón en la serie estadística hasta el último trimestre de 2023, lo que pudiera deberse a un cambio administrativo en la adscripción de los contratos en el registro″. Según la serie estadística, entre junio y septiembre se pueden dar de baja habitualmente más de un tercio de todos los afiliados del sector, que se recuperan cuando arranca el curso escolar. Pero en el último trimestre de 2023, el registro de la Seguridad Social ganó más de 400.000 cotizantes, frente a una media histórica que no llega habitualmente a los 100.000.
En cualquier caso, tanto Trabajo como la Seguridad Social apelan constantemente a la mejora de la calidad del mercado de trabajo español, lo que supone la creación de empleo en el sector educativo y de la formación. “Aunque la reforma laboral no cambia por sí sola la estacionalidad en una actividad, sí corrige la precariedad de modo que la evolución del empleo es positiva tanto cuantitativa como cualitativamente”, indican en el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.
Sin embargo, la supuesta mejora cualitativa de la calidad en el empleo tiene sombras, encarnadas precisamente en el sector privado. Cecilia (nombre ficticio) trabaja para cinco universidades privadas de Madrid impartiendo asignaturas de la rama del Derecho. En concreto, como asalariada, tiene un contrato indefinido a tiempo parcial (20 horas semanales) con una de ellas; es fija discontinua en otra (seis meses al año); y tiene un contrato temporal en otra (un cuatrimestre al año). También es autónoma, para facturar mediante contrato mercantil, las asignaturas que imparte en otras dos universidades también privadas. Asegura que su realidad “no es ni mucho menos algo excepcional”.
Las cifras estadísticas de cómo han evolucionado los contratos en el sector educativo ilustran esta situación. Los contratos fijos a tiempo completo, que son los de mayor calidad, han disminuido su peso en el conjunto pasando de representar un 27% en 2019 a un 25% en marzo de 2025. Los fijos a tiempo parcial, por el contrario, aumentan del 11% al 13%. Y, aunque los temporales han disminuido notablemente, la modalidad contractual que más ha aumentado es la del fijo discontinuo, que ha duplicado su peso pasando del 6% al 12% en cinco años.
En cualquier caso, a pesar de que el empleo en el sector lleva varios años con fuertes crecimientos anuales, las expectativas futuras no decaen. Según la publicación del Observatorio de las ocupaciones, tendencias 2025 que publica el Ministerio de Trabajo, entre las profesiones con mejores perspectivas en el grupo de “alta cualificación de la actividad económica” destacan los profesores de enseñanza primaria, secundaria y universitaria; técnicos en educación infantil; y profesores de enseñanza no reglada de idiomas.
El mismo estudio señala varios puestos del sector educativo entre los que se produce actualmente “un desajuste entre la oferta y la demanda”, por lo que en ocasiones es difícil encontrar profesionales. Y cita a profesores nativos de inglés; profesores de formación profesional en mecánica; técnicos en tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y agentes comerciales especializados en educación.
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