Blindar el control aéreo como servicio público esencial

Acabamos de conocer que el actual gobierno y sus socios han decidido “aparcar” el proceso de privatización del servicio de control aéreo en diferentes torres de nuestra geografía. Nos alegramos de ello visto el resultado de la anterior privatización, con la mayoría de las dependencias en huelga desde hace meses reclamando, entre otras cosas, que las empresas privadas que gestionan esas torres cumplan con las sentencias judiciales que les obligan a pagar atrasos. Despidos improcedentes, prohibición de afiliación a sindicatos, ley del silencio, maquillaje de sucesos de seguridad…. Todo esto nos lleva a épocas pretéritas, en las que los trabajadores no tenían derechos y el empresario hacía y deshacía a su antojo: es lo que tiene adjudicar servicios públicos a los hijos de la corrupción.

Desde USCA (Unión Sindical de Controladores Aéreos) queremos no sólo congratularnos de que el tren de la privatización haya descarrilado, sino que además ofrecemos nuestra ayuda al Ministerio de Transportes y a la empresa de la que formamos parte, ENAIRE, para que pongan en marcha la recuperación del servicio de control aéreo público en esas torres privatizadas. Si en países claramente “liberales” han sido capaces de recuperar el servicio de control privatizado (como en el Reino Unido en el Gatwick, por ejemplo) o jamás han arriesgado dejar en manos privadas ese servicio público de interés estratégico (como en Estados Unidos) pensamos que un gobierno firme defensor de lo público, puede y debe acometer esa recuperación de un servicio esencial. Que además es un servicio que produce jugosos beneficios al Estado y que no tiene razón de ser ceder esos beneficios a empresarios particulares, poco escrupulosos y en algunos casos inmersos en causas de corrupción notorias, que sólo buscan el mayor beneficio posible, anteponiéndolo a la seguridad de las operaciones, que es la divisa por la que se rige el control aéreo en todo el mundo.

Nuestra economía está en gran medida supeditada a la entrada de turismo en el país, turismo que en un 90% de los casos lo hace por vía aérea. Dejar que el servicio de control aéreo que gestiona esa entrada de turismo en nuestro país lo lleven a cabo empresarios poco transparentes que, además, pueden ceder ese servicio a terceros hoy desconocidos es suficiente motivo para que el Estado recupere esa actividad y blinde la posibilidad de que vuelva a ser privatizada.

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