Hechos relevantes
La exigencia de más conocimientos económicos y las nuevas tecnologías son aprovechadas para limitar derechos económicos y sociales básicos


En 1938, en pleno fascismo italiano, un juez se negó a acoger una denuncia policial contra los confinados en la isla Tremiti que se negaron a saludar a las autoridades con el brazo en alto. Argumentó que la policía no tenía que imponer opiniones políticas. Las denuncias policiales se repitieron más veces y otras tantas el juez las rechazó. Finalmente la policía tuvo que admitir que el saludo fascista no fuera obligatorio para los políticos detenidos. Lo cuenta en sus memorias Altiero Spinelli, uno de los padres de la Unión Europea, que estuvo cautivo en Ventotene.
Dos acontecimientos recientes ponen de relieve el valor de determinadas acciones. Por una parte, está el juez que defiende a toda costa los derechos ciudadanos ante los reiterados abusos hipotecarios. Por otra, el coraje de un médico jubilado por hacer valer los derechos de las personas mayores ante los atropellos bancarios. Es evidente que la situación es muy distinta y que estamos en una democracia. Sin embargo, ambos casos revelan como la exigencia de más conocimientos económicos y las nuevas tecnologías son aprovechadas para limitar derechos económicos y sociales básicos.
El primer caso es el de Francisco González de Audicana, magistrado de Barcelona, en su larga batalla en defensa de los ciudadanos que han sufrido un encarecimiento indebido de sus hipotecas. Los mayores intereses derivan de la aplicación de un índice denominado IRPH, que se inventaron y aplicaron determinadas entidades financieras. El juez ha sentenciado que la imposición de este índice es una práctica no transparente y abusiva. La verdad es que el IRPH es siempre más elevado que el euríbor, que es el índice más habitual. El IRPH se confecciona con datos que no son públicos, mientras que el euríbor sí que lo es.
El juez de Barcelona sufrió una recusación fallida por parte de Bankia y ha preguntado dos veces al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que en 2020 y 2021 le proporcionó argumentos para anular el IRPH. Los jueces europeos ya corrigieron al Tribunal Supremo por haber validado este índice. Ahora en tres sentencias el Alto Tribunal ha vuelto a autorizarlo, interpretando la doctrina europea de manera “desfavorable al consumidor, según Asufín.
Resulta absurdo el ejercicio de elucubrar si “el consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz”entendió el cálculo del IRPH. Para el juez de Barcelona no hay duda: “No es de fácil comprensión”. La solución sencilla es emplear el euríbor, como en última instancia propuso el juez. No se debe confundir más al ciudadano con tecnicismos. También es extraordinaria la protesta del médico jubilado Carlos San Juan, de 78 años, que exige a los bancos “un trato más humano”. Señala que con digitalizaciones más complejas le están incapacitando. Ya tiene medio millón de firmas de apoyo.
La aplicación abusiva de la tecnología aumenta las desigualdades. La Comisión Europea ha señalado que el 55% de las páginas web violan la legislación europea. Más jueces y jubilados se han movilizado y al final los bancos también tendrán que ceder.
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