34 imputados por un fraude de 5,5 millones a la Seguridad Social

La Policía Nacional ha destapado un fraude de 5,5 millones a la Seguridad Social en Canarias. El mecanismo que utilizaban para defraudar al instituto previsor consistía en la creación de sociedades mercantiles pantalla y sucesiones empresariales opacas, lo que ha llevado a la imputación de 34 responsables por los delitos de fraude de cotizaciones y prestaciones, falsedad documental, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y malversación, según la Policía Nacional.

La investigación comenzó a principios de 2019 cuando se recibieron varias denuncias sobre presuntas irregularidades cometidas por empresarios que no pagaban las cotizaciones sociales de sus trabajadores en su propio provecho. Las pesquisas duraron 10 meses y en ellas se observó que en todos los casos analizados se pretendía eludir el pago de las cantidades adeudadas e impedir el cobro de cuotas a Tesorería General de la Seguridad Social.

Para ello, en varios de los casos, se crearon sucesiones empresariales opacas y mercantiles pantalla para ocultar beneficios y el patrimonio de las sociedades investigadas. Los agentes han cuantificado el fraude en más de 5,5 millones de euros, que provienen de sectores como la restauración, la hostelería, actividades deportivas, el textil, la asesoría, la construcción, la inversión o la comunicación.

La mayor parte de los 34 responsables son los administradores de las empresas, familiares de estos, pero también testaferros y algunos trabajadores que figuraban en connivencia así como familiares de los primeros.

Según la policía, el fraude parte de una familia que puso en marcha hace ocho años un plan para eludir el pago de cuotas y evitar embargos de manera fraudulenta, operando con una nueva sociedad libre de cargas que facturaba de manera irregular las ventas realizadas de la deudora. Generó así una deuda de 326.166 euros con la Seguridad Social.

Para evitar que los acreedores pudieran cobrar, los investigados ocultaron sus beneficios a través de ingresos en efectivo realizándose todos los pagos en metálico, incluidos los salarios de los trabajadores. El negocio consistía en la celebración de eventos, algunos de 600 asistentes en los que se llegaba a facturar entre 30.000 y 35.000, y para cobrar en efectivo era habitual ver un cartel en que se leía "TPV estropeado". En un caso llegó a cobrar en metálico a más de 300 comensales.  

Tampoco era raro que los empleados trabajasen 60 horas a la semana, ni que en los días de  eventos las jornadas laborales alcanzaran las 13 ó 14 horas, que no eran compensadas, o que hubiera trabajadores sin alta en la Seguridad Social.