El Gobierno ordena el cierre definitivo del yacimiento de La Lora

Columbus Energy Resources, la empresa que explotaba el yacimiento de hidrocarburos de La Lora, situado en Ayoluengo (Burgos) y que es el yacimiento de petróleo más antiguo de España y el único peninsular, deberá proceder a su desmantelamiento definitivo. Según ha informado la compañía a la Bolsa de Londres, donde cotiza, su filial Compañía Petrolífera de Sedano (CPS) ha recibido notificación del Gobierno de España para iniciar el desmantelamiento del yacimiento. La compañía, que esperaba una nueva licitación del proyecto desde enero de 2017, indicó que el Gobierno "no ha dado ninguna razón para decidir no hacerlo", y subrayó que "considerará sus opciones al respecto".

Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica confirmaron a Europa Press que se ha remitido la notificación a la compañía, instando a la ejecución de la segunda fase del plan de desmantelamiento para proceder así a su cierre. De esta manera, una vez se proceda definitivamente al desmantelamiento, el yacimiento se podrá declarar área franca y disponible para otra actividad.

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El maná de la discordia

El presidente ejecutivo de Columbus, Leo Koot, se ha mostrado "decepcionado" por el hecho de que el Gobierno español "no haya declarado públicamente por qué ha decidido no volver a licitar la concesión La Lora".

"Especialmente porque nos han hecho creer que se presentaría una nueva licitación antes de finales de 2018. La compañía considerará sus opciones con respecto a la decisión del Gobierno", ha afirmado Koot. A pesar de esta decisión, Columbus Energy Resources indicó que cuenta con una provisión "suficiente" en sus cuentas para los costes de desmantelamiento.

"Hay varios activos en el sitio, incluido el equipo, que se transferirán y utilizarán en las operaciones de Trinidad y Tobago o se venderán para compensar dichos costes. No se espera que la compañía realice gastos materiales en efectivo en relación con el cierre definitivo de la concesión La Lora", dijo.

En enero de 2017, el anterior Gobierno del PP ya denegó la prórroga para el yacimiento al haber transcurrido el límite temporal previsto, por lo que la caducidad de la concesión tendría lugar el 31 de enero de ese año, fecha a partir de la cual la concesionaria debería desmantelar las instalaciones y mantenerlas en condiciones seguras hasta que tal desmantelamiento fue definitivo.

Para denegar esa prórroga, tras cumplir 50 años de explotación de la concesión, el entonces Ministerio de Energía se basó en los informes negativos de la Abogacía del Estado y del Consejo de Estado. No obstante, el Gobierno consideró que se podría convocar un concurso para adjudicar una nueva concesión en el área si alguna sociedad mostraba interés. La producción del yacimiento de La Lora tenía un peso residual en la demanda nacional, destinándose principalmente a la quema industrial en la zona.