España pasa la prueba; el Gobierno no

En contra de lo que juró Luis de Guindos, el Gobierno suspendió el examen de la deuda pública en 2017. Y tiene delito, porque su teórica magnífica gestión es lo que le catapultó a Fráncfort. Por si fuera poco, el equipo de Mariano Rajoy también falló en el otro examen sobre las cuentas públicas: el del déficit.

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Menos mal que España es también el conjunto de las comunidades autónomas y sus miles de municipios. Porque si fuera solo —como sueñan los centralistas— el Gobierno central y la Administración General del Estado (AGE) que administra, y la Seguridad Social (SS) que gestiona, no solo no habríamos aprobado el Pacto de Estabilidad europeo en ninguno de los ejercicios del mandato de Rajoy. También habríamos suspendido el último examen. Y el único que el país aprobó limpiamente: el objetivo de déficit establecido por la Comisión, el 3,1% del PIB (alcanzamos en 2017 el 3,07%). Limpiamente: sin concesiones sucesivas de Bruselas (techos más altos). En 2016, España también cumplió, pero gracias a que se aplicó esa flexibilidad en dos ocasiones.

Ocurre que las autonomías (criticadas por dilapidar) y los municipios (alabados y ninguneados) cumplieron de sobra y prestaron al Gobierno su superávit. Recordemos los datos. Los entes locales obtuvieron un superávit del 0,6% (les bastaba el equilibrio: prestaron seis décimas) y las autonomías fueron deficitarias en un 0,3% (la mitad del 0,6% permitido): en conjunto ganaron nueve décimas a su objetivo. Mientras la AGE incumplió su tope de déficit en ocho, al cerrar en un 1,9% (frente a un objetivo del 1,1%) y la SS en una décima (alcanzó el 1,5%).

Las explicaciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para enmascarar el éxito ajeno y el fracaso propio, sonrojan. Dijo que las autonomías cumplieron por el control del artículo 135 de la Constitución, pero ese lo inventó Rodríguez Zapatero, y bien que lo pagó; dijo que a las autonomías le llegaron más recursos gracias a su sistema de financiación, pero su última reforma es de 2009, y el PP incumple desde hace años el mandato legal de volverlo a reformar, lo que debería haberles allegado más recursos; dijo que arreglar el cupo vasco le costó dos décimas, pero eso fue un enjuague de política gubernamental partidista.

De cara al futuro, este panorama es preocupante por varias razones: 1) 2017 registró la segunda mejor recaudación de la historia, tras 2007: ¿cuánto más habrá que extraer a los contribuyentes para cumplir?; 2) 2017 fue el tercer ejercicio con un crecimiento económico superior al 3%; ¿por qué no se aprovechó la bonanza para mejorar las cuentas centrales hasta cumplir?, y ¿qué ocurrirá cuando el crecimiento descienda?; 3) ¿por qué el Gobierno se apunta el éxito del crecimiento, que en buena medida se debe a los vientos de cola exteriores (euro, petróleo, comercio mundial), y oculta que su déficit presupuestario ha sido el peor de toda Europa, baremo que, este sí, depende de su aplicación y control?; y 4) ¿qué ocurrirá cuando el BCE suba el tipo de interés, si uno de los mejores ahorros de 2017 fue (del 5%) en la partida del pago de intereses de la deuda, gracias al tipo de interés cero?