En defensa de una política industrial

Aunque no es fácil detectarlos, algunos sectores económicos españoles (industriales, se entiende) mantienen un nivel de competencia muy razonable en los mercados internacionales; incluso puede decirse que ocupan puestos de vanguardia en términos de influencia económica y solvencia comercial. El caso más evidente es el de la producción nacional de componentes para el automóvil. La preeminencia industrial y la solvencia de las empresas españolas es una de las razones que tienen en cuenta las grandes firmas automovilísticas para instalar su producción en España y, en épocas de crisis, para mantenerla en territorio español. No es un mercado cualquiera; es intensivo en innovación tecnológica, decisivo para impulsar las mejoras tecnológicas en el transporte y sostiene a una red capilar muy amplia de pequeñas y medianas empresas. Más allá de su importancia cuantitativa (32.000 millones en ventas, 330.000 empleos), es una de las escasas avanzadillas tecnológicas con las que cuenta la economía española para romper la espiral turismo-construcción que empuja al patrón de crecimiento a una baja productividad y a menguadas plusvalías.

No es un secreto que la política económica del Gobierno para salir de la crisis conduce a un modelo social de albañiles-camareros. Todo esfuerzo por ampliar la base empresarial que genera altas plusvalías ha sido erradicado en nombre del ajuste o la austeridad y en consonancia con dos rancios principios económicos que remiten al pensamiento económico premercantilista: no se puede gastar más de lo que se tiene (lo cual, de ser cierto, habría cercenado cualquier progreso del comercio a través de las ventas a plazos) y donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los españoles (una negación estólida y políticamente penalizable de la tarea redistributiva e incentivadora de los impuestos). La tarea económica de un gobierno exige atender a muchos cuidados, pero el más importante es el de favorecer o allanar el camino a los negocios que pueden aportar un bienestar mayor a los ciudadanos. El caso del sector de componentes de automóvil es uno de ellos; y de lo que se trata es de disponer de margen de inversión pública para beneficiarse de más sectores como él.

Los beneficios patentes de desarrollar sectores industrialmente avanzados como el de componentes suscitan una vez más un interrogante: ¿existe en España una política industrial? La respuesta obvia es que no. Pero la ausencia de política industrial, consciente y alevosamente extirpada en beneficio de la discrecionalidad coyuntural (el reparto de las ayudas públicas, encubiertas por supuesto, o concesiones para favorecer intereses políticos amigos), no se manifiesta en la falta de ventanillas oficiales en el ministerio de Industria (que de tal tiene poco) dedicadas a atender intereses sectoriales, sino en la negligencia extrema con se descuidan aspectos económicos que afectan a todas las empresas de todos los sectores. Por ejemplo, no es de recibo, nunca mejor dicho, que las empresas industriales españolas tengan que pelear por cuotas de mercado en Europa con inputs más elevados en la producción que sus competidores. Ahí está el caso del coste de la electricidad para demostrarlo; las grandes industrias españolas tienen que incorporar en los precios finales de sus productos un coste de la electricidad que, según estudios sectoriales, puede ser superior en el 30% a la media de coste energético de la industria europea.

Conclusión provisional: la prosperidad (relativa, claro, porque sus empresas han sufrido también las consecuencias de inversión, demanda y crédito generadas por la crisis) del mercado de componentes de automóviles puede describirse como una actividad bien ordenada que sobrevive en un entorno desértico. Las apelaciones insistentes a la innovación y a la inversión en tecnología son letanías estereotipadas si se prescinde intencionadamente de una política industrial horizontal.