Triste final de legislatura

A pesar de los empeños por parte del Gobierno de minimizar la mala evolución de las cuentas públicas, los fríos datos contables han puesto al descubierto lo que, por otra parte, ya era evidente desde hace meses: en 2015 se produjo una notable desviación del déficit del orden de un punto porcentual del PIB (algo más de 10.000 millones de euros) respecto al objetivo del 4,2% del PIB aprobado y comprometido con los socios europeos.

No es el primer año en que esto sucede. De hecho, el objetivo no se ha cumplido en ningún año de las dos últimas legislaturas, si bien la desviación del último no tiene explicación posible como pudiera tenerla en años anteriores. Entre otros factores favorables, la economía ha estado en expansión y su crecimiento ha superado ampliamente lo previsto; la bajada de los tipos de interés ha sido mayor de lo anticipado, lo que ha generado un ahorro de unos 3.500 millones de euros en gastos de intereses; y los gastos por prestaciones de desempleo también han sido 4.700 millones menores de los presupuestados. Con todo ello, lo esperable hubiera sido que el déficit terminara más de un punto porcentual del PIB por debajo del objetivo.

¿Qué es lo que ha generado el incumplimiento? En primer lugar, una mala presupuestación de los ingresos. A pesar del mayor crecimiento de la economía respecto de lo previsto, los ingresos por impuestos se han quedado 3.700 millones por debajo del presupuesto. En parte, ello obedece al adelanto parcial de las rebajas fiscales contempladas para 2016. Más aún, el Sistema de la Seguridad Social había estimado unos ingresos por cotizaciones sociales de 109.833 millones (cifra a todas luces demasiado optimista) y lo recaudado se ha quedado en 100.492. Las Comunidades Autónomas también inflaron sus presupuestos de ingresos, ya que si no, les era imposible reducir su déficit en un punto porcentual del PIB, tal como de forma poco consistente se les había asignado. Por otro lado, siendo un año electoral, también los gastos han ido más alegres de lo presupuestado, sobre todo en el ámbito de las CC AA, sin que el ministerio de Hacienda pusiese en marcha los mecanismos de control contemplados en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como le requirió la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Al revés, las premió proporcionándoles financiación a tipos de interés cero. Un factor decisivo en el incumplimiento han sido las rebajas fiscales llevadas a cabo por el Gobierno, que han costado una pérdida de recaudación de 7.800 millones, según la Agencia Tributaria. Ahora se ve claro que no había margen fiscal para dichas rebajas, que posiblemente tengan que revertirse en el próximo o próximos años. Por último, ha habido una serie de gastos extraordinarios realizados en años anteriores y que se han imputado a 2015, lo que explicaría unas dos décimas de la desviación total.

Todo ello explica que el incumplimiento del déficit se haya concentrado en el Sistema de la Seguridad Social y en las CC AA. En el primer caso, lejos de disminuir, el déficit ha aumentado un 23,4%, hasta 18.475 millones de euros. Este déficit no es coyuntural sino estructural o permanente, por lo que necesita una solución urgente por parte del Gobierno entrante si no se quiere poner en peligro las pensiones futuras.

La mala adecuación de la política fiscal a los compromisos adquiridos y a los requerimientos de la situación financiera del sector público (con una deuda del 99% del PIB) se pone de manifiesto al analizar la composición del déficit (gráfico inferior derecho). Su componente cíclico mejoró casi dos puntos porcentuales del PIB, pero el estructural empeoró en torno a un punto, si excluimos los gastos extraordinarios no recurrentes. Es decir, la situación de las cuentas públicas es mala y además se deterioró notablemente el pasado año.

Ángel Laborda es director de coyuntura de Funcas.