El juez sienta a Díaz Ferrán en el banquillo por vaciar Marsans

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, el liquidador societario Ángel de Cabo y siete testaferros por el vaciamiento patrimonial de Viajes Marsans para eludir las deudas del concurso de acreedores del grupo turístico. Se trata del paso definitivo previo a que el antiguo jefe de la patronal española y sus colaboradores se sienten en el banquillo de los acusados por supuestos delitos de alzamiento de bienes continuado, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal.

El magistrado impone al grupo una fianza solidaria de responsabilidad civil de 1.167,3 millones de euros, una cifra de récord. Además, les advierte que de no prestar dicha cantidad, que equivale a los daños causados y a las posibles multas en las que pueden incurrir, sus bienes serán embargados. El plazo para presentar esta garantía es de “una audiencia”, término jurídico que equivale a un día.

En un auto —resolución razonada— de 50 folios, el magistrado también acuerda abrir juicio oral contra 26 entidades y empresas, la mayoría relacionadas con el liquidador de Marsans, Ángel de Cabo. Además, Velasco mantiene vigentes las medidas cautelares impuestas a los procesados. Tanto Díaz Ferrán como Ángel de Cabo y la mano derecha de este, Iván Losada se encuentran en prisión.

El pasado 2 de abril, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió 15 años de prisión para Díaz Ferrán por el vaciamiento fraudulento del grupo turístico en el que figuraban Viajes Marsans y Air Comet, entre otras empresas para eludir el pago a los acreedores concursales.

Mantener su calidad de vida

La Fiscalía considera que Díaz Ferrán y De Cabo, en prisión desde el 5 de diciembre de 2012 por la llamada Operación Crucero, se concertaron para la “despatrimonialización” de Marsans. Díaz Ferrán y su fallecido socio Gonzalo Pascual supuestamente acordaron que transmitirían a De Cabo la totalidad de su patrimonio, tanto empresarial como personal, sin que De Cabo abonara cantidad alguna, si bien una vez consumada la ocultación patrimonial, el liquidador abonaría ocho millones de euros a cada uno en plazos de 100.000 euros mensuales. Con estos pagos periódicos, ambos socios “podrían seguir viviendo con la misma o parecida opulencia, a pesar de su formal insolvencia”, sostenía el fiscal Daniel Campos.

Las diversas fórmulas empleadas por De Cabo para vaciar el patrimonio de las sociedades del grupo Marsans permitieron sacar del grupo cerca de 30 millones de euros. Para ello pusieron a otros imputados en nómina de las sociedades, vaciaron sus tesorerías y se hicieron con los palacetes, los vehículos de alta gama y yates de lujo de Díaz Ferrán y Pascual.