Eurodiputados piden a la CE abrir un proceso de infracción a España por los desahucios

Los eurodiputados de IU e ICV Willy Meyer y Raül Romeva han presentado junto con otros europarlamentarios una pregunta a la Comisión Europea (CE), en la que le piden que abra un proceso de infracción a España por los desahucios que han tenido lugar desde 1995 hasta hoy.

En un comunicado conjunto, IU e ICV afirman que cooperan así con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para "presionar" a la CE para que "actúe urgentemente frente a la situación de emergencia habitacional en España".

Meyer y Romeva han presentado la pregunta parlamentaria con el apoyo de miembros de la Eurocámara de otros Estados miembros, como la presidenta alemana de la Izquierda Unitaria Europea, Gabi Zimmer, o la eurodiputada de los Verdes Karima Delli, ponente del informe sobre vivienda social de su fuerza política.

Los eurodiputados se han reunido en diferentes ocasiones con la PAH en Bruselas y se han "comprometido a trabajar a nivel comunitario activamente para detener el drama social y económico de los desahucios", señalan Meyer y Romeva.

Entre otras cosas incluyen este punto en sus programas electorales para las próximas elecciones europeas y quieren garantizar que se aplique la directiva europea de protección de los derechos de los consumidores así como el derecho fundamental a una vivienda digna y al derecho humano de acceso al agua potable.

En su pregunta a la CE, los eurodiputados recogen las propuestas de la PAH y denuncian "cómo el Gobierno español ha ignorado en gran medida la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia".

Este tribunal dictaminó el pasado marzo que "la ley hipotecaria de España es incompatible con la directiva europea sobre protección del consumidor por permitir cláusulas abusivas y no contemplar mecanismos de tutela judicial efectiva para la ciudadanía".

Para los eurodiputados de ICV e IU, "la nueva ley hipotecaria está vacía de contenido y sigue condenando a millones de familias al drama de los desahucios y a una deuda ilegítima perpetua con las entidades financieras".

Asimismo, critican que la CE no haya asumido su responsabilidad por no haber denunciado, y por tanto haber permitido, "la indebida transposición de la directiva desde 1995".

Igualmente, piden que la Comisión abra un proceso de infracción a España por una ley hipotecaria contraria a la normativa europea, que tiene como resultado más de 500.000 desahucios en los últimos años, según dijeron.

Afirman además que las personas desahuciadas siguen condenadas a pagar un crédito a perpetuidad a pesar de que se concedió en condiciones abusivas.

Y piden al Gobierno español que "se haga justicia y se declaren las hipotecas ilegales, abriendo la puerta a su renegociación y la cancelación de la deuda abusiva que ha llevado a cientos de miles de familias a la calle".