El Ejecutivo de Ayuso calcula un coste de 36,2 millones por igualar a bebés concebidos y nacidos para recibir ayudas, becas y ventajas fiscales

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso (PP), dejará de ingresar 10,2 millones de euros como consecuencia de una nueva ley que equipara a los niños concebidos con los nacidos a la hora de pedir ayudas, acceder a becas o recibir bonificaciones fiscales. Así consta en el anteproyecto de ley de reconocimiento del concebido en la aplicación de las medidas de apoyo a la familia en la Comunidad de Madrid, que se puede consultar en el portal de transparencia regional desde este martes. Como el concepto ya se aplicaba a las ayudas para embarazadas de 30 años o menos (500 euros desde la semana 21 de gestación), o para pedir becas, el montante total de la factura cada año subirá a 36,2 millones, entre pagos directos, becas concedidas e ingresos no percibidos, según datos oficiales. El mayor impacto vendrá del reconocimiento como familia numerosa de quienes sumen tres descendientes entre los nacidos y los que hayan alcanzado las 12 semanas de gestación, tras presentar un informe médico que incluya la fecha estimada del parto.

“La asimilación constituirá una medida de protección específica en favor de las familias y para el fomento de la natalidad, que se aplicará (...) a todos los beneficios y derechos establecidos para las familias cuyo reconocimiento corresponda a la Administración autonómica y, en particular, a aquellos que derivan de la condición de familia numerosa o de la clasificación en una categoría de familia numerosa”, se defiende en el proyecto. “Salvo que se indique lo contrario en la regulación específica del procedimiento concreto (como ocurre con las 12 semanas de las familias numerosas), no se exigirá para la asimilación una semana mínima de gestación”, se añade. “En el caso de gestación múltiple, para el reconocimiento de los beneficios derivados de la asimilación, se tendrá en cuenta a cada uno de los concebidos no nacidos”.

La norma se aplicará, por ejemplo, a beneficios fiscales como la deducción en el impuesto de la renta por gastos escolares u otras bonificaciones vinculadas a la compra de vivienda de segunda mano.

Además, todas las familias adquirirán los correspondientes beneficios y derechos en la concesión de ayudas que utilizan como criterio la renta de la unidad familiar, como las becas para el estudio de Bachillerato o para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, o las ayudas al alquiler joven.

En el caso de las numerosas, por ejemplo, podrán disfrutar desde antes de la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales (del 6% al 4%) si se compran una casa, y previsiblemente, de la deducción del 50% en el impuesto de matriculación de un nuevo vehículo.

Al respecto, la dirección general de tributos advierte de que los menores ingresos deben ser tenidos en cuenta para la elaboración de los próximos presupuestos de la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha hecho de la natalidad, y de la reivindicación de la maternidad, uno de los principales ejes de su propuesta política. La Comunidad de Madrid presume de haber logrado “revertir el invierno demográfico” aumentando los nacimientos un 4,7% en 2024 y un 3,3% en 2025 respecto al año anterior, lo que la convertiría, defiende la administración autonómica, en la región líder en el aumento de la natalidad en España.

Para llegar a este punto, Díaz Ayuso ha protagonizado mil polémicas. En 2019, cuando era una desconocida candidata que se enfrentaba a perder el gobierno de Madrid para el PP por primera vez desde 1995, anunció que se consideraría al concebido no nacido como un miembro más de la familia a la hora de pedir, por ejemplo, una beca de Educación Infantil, o en el comedor escolar.

La polémica consecuente no detuvo la implantación de la medida, que desde entonces permite que las familias tengan en cuenta al bebé que va a nacer para calcular su renta per cápita (ingresos divididos entre el total de miembros de un núcleo familiar) cuando registran su solicitud. Ese espíritu se amplía ahora con esta norma, que extiende a otros ámbitos la equiparación del bebé concebido con el nacido.

Aquella no ha sido la única propuesta del gobierno de Ayuso que ha acaparado titulares. También lo hizo la de ampliar el acceso a las becas en estudios no obligatorios como Infantil, Bachillerato o FP a familias que ingresen más de 100.000 euros. O la de extender a 45 años el límite de edad para recibir tratamientos de reproducción asistida. O la de crear un cheque bebé de más de 14.000 euros para embarazadas de menos de 30 años que tengan una renta de menos de 30.000 euros.

El cambio que ahora se propone ya estaba recogido en la estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la conciliación 2022-2026. Para ser realidad, debe pasar todavía por la Asamblea de Madrid. Allí el PP no tendrá problema alguno para sacar la nueva ley adelante, ni necesitará negociar nada con la oposición si no quiere, pues goza de mayoría absoluta desde las elecciones de mayo de 2023.