JP Morgan deberá pagar 679 millones por el escándalo de ‘la ballena de Londres’
El banco reconoce su parte de culpa por el fallo de los controles internos Los reguladores financieros pactan la multa con la entidad bancaria

JP Morgan Chase ha pactado con los reguladores financieros en Estados Unidos y Reino Unido para dar carpetazo al escándalo de la ballena de Londres. Lo hace pagando 920 millones de dólares (unos 679 millones de euros). Pero lo más relevante es que admite su parte de culpa, al decir que los controles internos no estuvieron a la altura y no lograron detectar unas irregularidades que le permitieron ocultar pérdidas masivas en una cartera sintética estructurada con deuda europea.
La mayor parte de la sanción, 300 millones, irá destinada al conocido como Controlador de la Moneda. La Reserva Federal y el regulador del mercado bursátil recibirán otros 200 millones cada una. Este último, la SEC —equivalente a la CNMV española—, señala en un comunicado que este caso se centra en la transparencia y la responsabilidad de las instituciones financieras a la hora de gestionar su negocio. Y destaca la admisión por parte de JP Morgan de que no respetó las reglas como un "componente clave" del mensaje que se quiere lanzar con la sanción. Los 220 millones restantes son para la autoridad financiera de Reino Unido. El pacto no recoge ninguna compensación para el regulador del mercado de derivados estadounidense.
El caso tiene su origen en la primavera del pasado año, en otro momento álgido de la crisis de la deuda soberana europea. Jamie Dimon, el consejero delegado del banco más grande de EE UU por activos, admitió en público que esa operación le estaba generando pérdidas por valor de 2.000 millones de dólares (actualmente unos 1.476 millones de euros). Esa tempestad en la tetera, como la calificó, acabó con un agujero de 6.200 millones de dólares (4.577 de euros) cuando la cartera fue desmantelada unos meses después.
El escándalo supuso un serio revés para la imagen de Jamie Dimon y fue utilizado como venganzade los reguladores por los abusos de la banca que llevaron a la crisis financiera. Dos de sus empleados, el banquero español Javier Martín-Artajo y el francés Julien Grout, afrontan ahora cargos penales por la gestión de la cartera. Se les acusa de haber ocultado de forma deliberada a los reguladores el montante de la apuesta fallida.
La sanción que acuerda con los reguladores supera los 650 millones de dólares que se esperaba y es considerable en cuantía, aunque no va a hacer mucho daño a las finanzas del grupo. La facturación de JP Morgan Chase en el segundo trimestre se elevó a 25.960 millones de dólares, que le aportaron un beneficio de 6.500 millones. La entidad puso 1.500 millones en reserva para hacer frente a varios litigios legales pendientes con los reguladores.
El castigo supera los 550 millones que tuvo que pagar hace tres años Goldman Sachs por una irregularidad cometida por otro de sus empleados, en ese caso al estructurar una cartera de deuda con hipotecas basura. En el caso de JP Morgan Chase, sin embargo, las pérdidas originadas no afectaron a sus clientes, porque estaba apostando su propio dinero. Y pese a la cuantía, la entidad nunca estuvo a riesgo ni necesitó asistencia pública.
La investigación sigue abierta contra JP Morgan Chase por la vía penal. En los corrillos de Wall Street se considera la sanción excesiva y se fijan además en la cotización del grupo financiero desde el estallido del escándalo, que se apreció un 40%. Además, comparan el caso con la sanción de 350 millones impuesta a Enron por las irregularidades contables que llevaron a su quiebra.
Esta misma semana, coincidiendo con el quinto aniversario del colapso de Lehman Brothers, Jamie Dimon mandó una carta a sus empleados diciendo que es importante admitir los errores, para poder corregirlos y aprender de ellos. También advirtió que deben estar preparados para hacer frente a más casos y aseguró que está haciendo lo posible para quitárselos de encima. El presidente ejecutivo de JP Morgan ha valorado en estos mismos términos el pacto alcanzado con los reguladores para dar por concluido el caso.
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