La justicia investigará a los directivos de Banca Cívica

La salida a Bolsa de Banca Cívica se realizó el 21 de julio de 2012, un día después de la de Bankia. Las dos fueron un completo fiasco para sus accionistas y las dos están ya bajo investigación judicial. En el caso de la entidad presidida por Rodrigo Rato el proceso está avanzado, pero el de Banca Cívica echó ayer a andar y promete tener también un largo recorrido. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona comunicó que va a investigar las denuncias presentadas por la asociación de consumidores Kontuz contra el expresidente del Gobierno de Navarra Miguel Sanz y el exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi, y también la formulada por UPyD ante la Fiscalía. Esta última va contra CaixaBank y 14 consejeros de Banca Cívica, entre los que se encuentra Pedro Pérez, secretario general del Grupo 14 Inmobiliarias, y Marta de la Cuesta, economista y profesora de la UNED. Los tres eran consejeros independientes.

En la segunda denuncia se acusa de los presuntos delitos de “estafa, apropiación indebida, falsificación de las cuentas anuales en relación con delitos societarios, administración fraudulenta, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad en la información económica y financiera”. La denuncia se extiende también a Caixabank como posible responsable subsidiario.

La juez pregunta sobre las dietas, pagos y créditos de antes de la fusión de las cajas

Así lo expone la magistrada en una resolución judicial, que puede ser recurrida, en la que acuerda, por otra parte, enviar a la Audiencia Nacional para su investigación la parte de la denuncia de UPyD relativa al proceso de fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Caja Sol, que formó Banca Cívica. Deriva el caso a la Audiencia porque abarca a personas de más de una provincia. No obstante, el caso de la fusión y el de la estafa estarán muy relacionados.

La juez reclama a Caja Navarra —que fue absorbida por CaixaBank— que remita “las actas de las reuniones” donde se determinaron las cantidades a abonar, los recibos del pago de dietas, las cuentas y los créditos desde 2005 a 2009 que recibieron los consejeros y ejecutivos. Al Banco de España reclama los informes de inspección de 2002 a 2009 y los informes de fiscalización del Gobierno de Navarra si alguna vez los hizo.