Ecologistas piden demoler ya un edificio de Telmo Martín

La sentencia que el pasado verano confirmó que el edificio levantado por Construcuatro frente a la playa de Silgar en Sanxenxo invade la servidumbre de costas dejó en manos de la Xunta la decisión sobre su futuro. Ahora que la resolución es firme, la ONG Salvemos Pontevedra, promotora del pleito, reclama al Gobierno autónomo que resuelva el expediente como proponía antes de su archivo irregular en 2005: multa de 3,05 millones de euros y derribo del inmueble, en el que tiene una lujosa vivienda Telmo Martín, socio de la constructora, exalcalde de Sanxenxo y actual portavoz del PP en Pontevedra. La decisión compete al Consello da Xunta.

El edificio de Construcuatro rebasa en más de dos metros la servidumbre mínima de 20 que reserva para el dominio público la Ley de Costas, como atestiguaron en su día los técnicos de la Xunta, cuyo informe propuso el derribo y la sanción económica. Aceptarlo o rechazarlo era competencia del Consello da Xunta, pero Enrique López Veiga, a la sazón conselleiro de Pesca, decidió encargar por su cuenta otro informe al servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Dirigía entonces ese departamento Cristina de Paz, conocida también por poseer un dudoso chalé frente al mar y por varias decisiones controvertidas en materia de deslindes. Este segundo informe determinó que la invasión existía, pero que era menor, de en torno a un metro. Al conselleiro le pareció suficiente para parar el expediente, que solo siguió vivo por el empeño de Salvemos Pontevedra.

Aparejador infractor

Por otra parte, el Ayuntamiento de Sanxenxo, gobernado por el PP, reconoció ayer que el aparejador municipal realizó obras sin licencia en su vivienda, situada en la zona de Padriñán. Durante los trabajos "se colocaron conos y se cortó la calle", según advirtió la Policía Local. Desde el Ayuntamiento aseguran que el pasado viernes se requirió al implicado que parase las obras, relacionadas con la ampliación de un sótano en la casa, y que se le ha abierto un expediente de infracción urbanística.

El PSOE reclama el despido inmediato del arquitecto técnico, al tiempo que denuncian que la empresa que realiza los trabajos es una de las contratas habituales del Ayuntamiento. "Teniendo en cuenta que su función es emitir informes sobre las licencias de obra y comprobar si se ajustan a la ley, este incumplimiento no es ético ni un ejemplo para la sociedad", indican los socialistas.