Investigada una diputada de ICV por autorizar cazas ilegales

El Tribunal Supremo (TS) ha abierto una investigación a la diputada del Congreso Núria Buenaventura, de Iniciativa per Catalunya (ICV), por autorizar la captura de aves con un método ilegal. En julio de 2009, cuando era directora de Medio Natural de la Generalitat con el tripartito, Buenaventura autorizó 3.374 licencias para cazar pájaros cantores con pegamento. La fiscalía presentó una querella por prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas) contra la exdirectora.

El alto tribunal ha asumido el caso porque Buenaventura disfruta de la condición de aforada desde que sustituyó en las Cortes a Joan Herrera, que se presentó como cabeza de lista de los ecosocialistas en las elecciones autonómicas de noviembre. El Supremo aún no ha practicado ninguna diligencia de investigación, aunque una de las primeras será, probablemente, llamar a declarar a Buenaventura como imputada.

Normativas

En su investigación, la Fiscalía de Barcelona concluyó que el método de captura es "frontalmente contrario" a la normativa europea, estatal y autonómica. De ahí el delito de prevaricación. La ex alto cargo concedió, de forma "excepcional", 3.374 licencias para capturar aves usando un pegamento que se obtiene del muérdago (vesc, en catalán) y se aplica a los árboles. Cada una de esas capturas permite atrapar una treintena de aves. Las autorizaciones se concedieron para elaborar un "estudio experimental", justificó entonces el Departamento de Medio Ambiente, que debía averiguar si el sistema de captura era selectivo. El estudio vino a confirmar lo que ya dicen las leyes: que no lo es.

El vesc solo se puede usar con autorización y de forma excepcional; por ejemplo, para que las Administraciones controlen ciertas especies. Los fringílidos -el jilguero, el pinzón, el verderón y el pardillo, entre otros- son muy valorados por su canto. Los compradores pueden llegar a pagar 3.000 euros por un ejemplar. Algunas especies gozan de especial protección.

La Fiscalía de Barcelona remitió la investigación a la del Tribunal Supremo. Ahora, el alto tribunal ha dictado un auto en el que resuelve que, "pudiendo ser los hechos constitutivos de un delito de prevaricación" -que el Código Penal castiga con entre 7 y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público-, decide "asumir la competencia" de la causa contra Buenaventura.