El Supremo decidirá si Cacaolat se vende en Madrid o Barcelona
Juzgados de ambas ciudades apoyan a distintos administradores concursales

Dos vendedores, pero una sola empresa. La firma de batidos de origen catalán Cacaolat, propiedad de Nueva Rumasa, está en concurso de acreedores y un juzgado de Barcelona aprobó la venta de su fábrica para obtener ingresos con los que garantizar su futuro. El problema es que Clesa, también de Nueva Rumasa y en concurso de acreedores, es la dueña del 95% de Cacaolat y un juzgado mercantil de Madrid autorizó a sus administradores a poner a la venta a la filial y así enjugar deuda de la matriz. ¿Quién tiene derecho a vender? ¿Clesa o la propia Cacaolat? Los jueces no se han puesto de acuerdo y el magistrado de Madrid, Francisco Javier Vaquer Martín, ha solicitado que sea el Tribunal Supremo quien decida a qué juzgado compete.
Mientras los magistrados de ambas ciudades se intercambian autos y se niegan a inhibirse de la causa, la compañía de batidos sigue sin ser vendida y su futuro, lamenta el comité de empresa, sigue debilitándose. A finales de junio, la plantilla de las fábricas que la marca tiene en Barcelona y Zaragoza, aceptaron un expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal o reducción de jornada para 277 de los cerca de 400 trabajadores de la empresa. Tratan de ganar tiempo mientras se resuelve el concurso y se paga a los acreedores para poder retomar toda la actividad.
Según explica en su último auto el magistrado de Madrid, Vaquer Martín, con fecha del pasado miércoles, el juzgado de Barcelona se niega a retirarse de la causa, a pesar de su insistencia. Y por eso, dispone que debe "plantear la cuestión de competencia objetiva y funcional positiva ante el Tribunal Supremo", en cuanto "órgano superior común" de ambos juzgados.
Este mismo juez autorizó el lunes a los administradores concursales de Clesa a poner a la venta el 95% de las acciones que posee en Cacaolat por al menos 20 millones de euros, con los que pagar los finiquitos y los sueldos que Clesa debe a su plantilla. El problema es que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona a su vez estaba recibiendo las ofertas e incluso avales de compra por la unidad productiva de Cacaolat en Barcelona, que los administradores de la firma catalana decidieron poner a la venta con el fin de asegurar su actividad.
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