El juez Ruz afirma que se adulteró el proceso electoral

El auto por el que el juez Pablo Ruz envió el lunes a prisión al presunto cerebro de la trama "parasitaria" de la SGAE pone en cuestión la legalidad de las elecciones a la junta directiva de la entidad que se celebraron el jueves, víspera de la Operación Saga, que acabó con las detenciones de la cúpula de la sociedad y de los propietarios y directivos de las empresas de la trama.

La resolución de Ruz, basándose en las conversaciones telefónicas grabadas a José Luis Rodríguez Neri, refleja cómo el cabecilla intervino a favor de la lista defendida por el presidente del consejo rector de la entidad, Teddy Bautista —que obtuvo todos los puestos de la junta en liza—, y en perjuicio de la candidatura alternativa, De Otra Manera (DOM), encabezada por José Miguel Fernández Sastrón y que no obtuvo ningún puesto.

Neri era miembro de la Comisión Electoral, el organismo encargado de la organización de los comicios, por lo que debía mantenerse neutral. Según el auto del juez, pudo haber vulnerado "la imparcialidad debida y que se le cabe presuponer en cuanto al empeño de su función" como miembro de esa comisión. Así, en los meses previos a las elecciones, Neri mantuvo diversas reuniones con personas vinculadas a la candidatura para tratar algunos temas relacionados con los comicios. Algunas de ellas fueron organizadas por el propio Bautista, tal y como revela una conversación grabada entre ambos el pasado 30 de abril, con la pretensión de que estas reuniones no fueran conocidas.

Neri, además, dificultó en lo posible el acceso al censo de avales de la candidatura alternativa de Fernández Sastrón, que se había mostrado muy crítica con la gestión del anterior equipo directivo. El presunto cabecilla no permitió un acceso adecuado al censo de avales a la otra candidatura, lo que pudo perjudicar sus posibilidades de obtener una mayor presencia en la junta de la SGAE. José Miguel Fernández Sastrón pedirá —probablemente hoy mismo— la repetición de las elecciones.