El Estado debe pagar por lo que dicen sus funcionarios

El impacto de lo que diga un funcionario de un Estado miembro de la UE debe ser asumido -y, en su caso, resarcido- por el país correspondiente si las declaraciones del trabajador público se hicieron actuando como portavoz oficial o similar. Esta es la base de una sentencia del Tribunal de la UE de Luxemburgo del 17 de abril de 2007 en la que condenaba a Finlandia por las afirmaciones de un funcionario en las que ponía en tela de juicio, a través de entrevistas en medios de comunicación, la calidad de unas piezas de repuesto para elevadores mecánicos fabricadas en Italia.

Fuentes del tribunal opinan que ese caso podría servir de antecedente para las reclamaciones por los daños en la agricultura española -200 millones de euros semanales, según el sector- causados por las afirmaciones de la senadora (consejera) de Sanidad de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storcks. Esta política fue quien provocó la alarma al acusar a los pepinos españoles de haber causado el brote de Escherichia coli en la ciudad-Estado que se ha cobrado ya 20 víctimas mortales. Prüfer-Storcks anunció el peligro de las hortalizas -que luego se ha comprobado que no eran las causantes- a la prensa antes de emitir la alerta en la red europea.

"Son imputables al Estado las declaraciones de un funcionario que, por su forma y circunstancias, crean en los destinatarios la impresión de que se trata de posición oficial del Estado, y no de opiniones personales", afirma el Tribunal. "El elemento determinante para que las declaraciones de un funcionario se imputen al Estado reside en si los destinatarios de tales declaraciones pueden razonablemente suponer, en el contexto dado, que se trata de posiciones que el funcionario adopta en virtud de la autoridad de su cargo", insiste.