Familias expropiadas reclaman a Fomento cuatro millones

Las 51 familias afectadas por las expropiaciones para la construcción del nuevo vial del puerto de Vilagarcía han vuelto a reclamar al Ministerio de Fomento los cuatro millones de euros que les adeuda, un año y medio después de que el jurado provincial fijara el justiprecio. Con una concentración y bajo la vigilancia de un amplio cordón policial, los vecinos exigieron una respuesta a Fomento después de que su titular, José Blanco, haya declinado la oferta de diálogo que los responsables de la asociación le hicieron llegar en su reciente visita electoral a Vilagarcía.

Chema Fernández, secretario de la Asociación de Vecinos de Sobradelo en la que se integra este colectivo, pidió ayer una explicación por el retraso en el pago. "Que al menos nos den una solución o una fecha y si no hay dinero para pagarnos ahora, que nos lo digan", apuntó. En 2005 comenzaron los trámites de expropiación y muchas familias llegaron a un acuerdo amistoso con Fomento, sobre todo los propietarios de las ocho viviendas que hubo que derribar. Las indemnizaciones fueron elevadas pero los problemas llegaron con las fincas. Sus propietarios recurrieron al jurado provincial porque consideraron insuficientes los 20 euros por metro cuadrado que les ofreció la Administración.

Los afectados entregaron fincas y se quedaron sin pozos ni accesos

El jurado provincial de expropiaciones elevó a 90 euros el precio del metro cuadrado y dio a Fomento seis meses para hacer efectivo el pago. Finalizado el plazo, ha transcurrido un año sin que los vecinos sepan cuándo serán indemnizados.

Los vecinos reclaman también los daños colaterales que se produjeron en la construcción de los siete kilómetros de vial. De los 22 pozos privados que quedaron secos, la empresa adjudicataria solo repuso una cuarta parte. Tampoco se han solucionado los accesos al haberse suprimido la mayor parte de los caminos de servicio a las fincas.

Fomento admite el retraso pero alega que la Administración paga primero a los que llegaron a un acuerdo amistoso y deja para el final a los que recurrieron a la vía judicial. Desde noviembre de 2009, cuando se acordó el justiprecio, los vecinos han conseguido la intermediación del subdelegado del Gobierno, Delfín Fernández, del diputado autonómico y ahora candidato a la alcaldía de Vilagarcía, Modesto Pose, y el apoyo unánime del pleno.