Promesas electorales que no se cumplen

Los partidos ultiman sus programas electorales de cara a las elecciones mostrando su mejor cara. Y quizá por eso todos dedican numerosos apartados al buen gobierno, que de haber sido cumplidos con anterioridad habrían evitado tantos casos de corrupción. Quizá el partido más profuso a la hora de explicar qué va a hacer para luchar contra la corrupción es el que se ha visto más tocado por ella: el PP. En un documento firmado por todos sus candidatos, denominado Compromiso 2011-2015, los populares se comprometen a un ejercicio "responsable" y "ejemplar" de la política: "Asumimos un compromiso de transparencia y rendición de cuentas permanente. El Partido Popular no acepta la corrupción. Luchará contra ella en todos los ámbitos de la vida pública". Pero los populares hacen compatibles estas premisas con la defensa de numerosos candidatos imputados, tanto en la Comunidad de Madrid como en Valencia.

Por su parte, el PSM podría haber ya incumplido medida número 788 del millar contenido en el documento El Madrid que queremos: "De las listas del Partido Socialista de Madrid para las elecciones del 22 de mayo no forman parte personas imputadas por corrupción y enriquecimiento, ni condenadas". Todo depende de si la imputación de la exalcaldesa de Galapagar Carmen Toledano, la número 20 en la lista de Tomás Gómez, se considera un posible caso de corrupción, tal y como asegura el PP, y acusación falsa, según la versión socialista. Al margen de esta situación, los socialistas apuestan por la transparencia: publicando las retribuciones íntegras y las declaraciones de bienes de los cargos públicos electos e impulsando los presupuestos participativos: "Promoveremos conductas éticas para luchar contra la corrupción, actuando con inmediatez y diferenciando las responsabilidades políticas de las penales".

Izquierda Unida de Madrid, cuyo militantes y cargos públicos han asumido un compromiso contra la corrupción promovido por la formación a nivel federal. en el que se aparta a los imputados, ha hecho públicas las 16 medidas que promoverán para aspirar al buen gobierno en las administraciones de la Comunidad de Madrid: entre estas resalta un acuerdo contra el transfuguismo e incorporar la regulación legal de la mentira por parte de los miembros del gobierno, como una falta grave que pueda concluir en un proceso penal y en la comisión de un delito

Unión Progreso y Democracia (UPyD) considera necesaria la reforma de la ley electoral, y apostar por políticas de participación ciudadana y transparencia, así como la creación de bases de datos de acceso público sobre las contrataciones de las administraciones públicas.