Servicios públicos necesarios

Como ciudadanos y empleados públicos, asistimos con preocupación al rápido deterioro y/o desaparición de los servicios públicos en estos tiempos de crisis, precisamente cuando más necesitada está de apoyos la población. Los conocidos Puntos de Encuentro Familiar (PEF) de Madrid no son una excepción. Su desmantelamiento se decidió a mediados de 2010, sin mediar reorganización de competencias con otras instancias (Comunidad de Madrid, Consejo del Poder Judicial, etcétera) ni ofrecer otros recursos alternativos.

Sencillamente irán desapareciendo entre este año y el próximo, aunque la información aparecida en prensa sugiera que se trata de una mera reubicación de sedes por motivos de ahorro del Ayuntamiento. La consigna ha sido clara: se irán cerrando los casos que están siendo atendidos y no aceptarán casos nuevos, según han hecho saber a los órganos judiciales que suelen derivarles los asuntos.

Nos preguntamos si cerrar estos espacios, en los cuales se desarrollan relaciones entre padres e hijos que precisan supervisión, y donde tienen lugar intercambios para visitas cuando se detecta alta conflictividad familiar, es coherente con la protección del menor y de la familia de la que tanto hablan nuestros responsables municipales en políticas de Familia y Bienestar Social.

La justicia no solo está para canalizar denuncias, sino también para solucionar conflictos, y no podrá cumplir con esta función en ausencia de servicios auxiliares que garanticen el cumplimiento de las resoluciones que se dictan en interés de los menores.

Los técnicos, trabajadores sociales y psicólogos que trabajamos en los juzgados de familia de esta ciudad no queremos hacernos cómplices de esta irresponsable decisión política, y seguiremos recomendando en nuestros informes, tantas veces como lo creamos necesario, la utilización de este tipo de recursos. Es nuestra responsabilidad profesional y ética. Allá los políticos con la suya.