Andalucía reivindica su peso en la estrategia nacional ante la PAC

Andalucía quiere hacer valer su hegemonía en el sector agrario para imponer la estrategia española en las negociaciones abiertas ya para la reforma de la Política Agraria Comunitaria (PAC) en el periodo 2014-2020. Y es que Andalucía supone el 25% del sector primario español y acapara el 28% de las ayudas directas que reciben los agricultores españoles (1.653 millones). Con este aval, el Gobierno andaluz y las organizaciones agrarias y cooperativas han consensuado un documento que pretenden que sea la "columna vertebral" de la posición española ante la Comisión Europea.

"Andalucía reclama una PAC robusta, con recursos financieros al menos similares a los actuales y que contemple las herramientas necesarias para defender los intereses de los productores en situaciones de crisis", explicó ayer la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, al presentar los ejes centrales del documento de consenso andaluz suscrito con Asaja, COAG, UPA y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca).

La Junta y el sector defienden la puesta en marcha de mecanismos de gestión de mercado, que contribuyan a paliar la volatilidad de los precios, así como el almacenamiento en productos no perecederos y la intervención pública para los productos básicos. En cuanto a las ayudas directas se establece la necesidad de contar con criterios de diferenciación que permitan reflejar las distintas realidades existentes en la agricultura y ganadería, tanto de la UE como de España, rechazando el establecimiento de una tasa plana por estado miembro o región.

Al mismo tiempo, se reivindica el principio de subsidiaridad, esto es, la autonomía de cada comunidad para el reparto de las ayudas en función de las necesidades de cada provincia y de cada cultivo.

En cuanto a la cadena alimentaria y la política de competencia, el documento pide la modificación de la normativa europea, que aumente la transparencia en la formación de precios, el desarrollo de instrumentos de integración de la oferta para fomentar la creación de grandes grupos de comercialización y el mayor desarrollo de las organizaciones interprofesionales. Finalmente, el documento consensuado defiende que las políticas de desarrollo rural deberán seguir ocupando un papel relevante, ya que son "fundamentales" para la cohesión territorial. Además, muestra la necesidad de potenciar medidas para facilitar la instalación de jóvenes agricultores y la modernización de explotaciones; así como que se reconozca y fomente la participación de la mujer a través de la perspectiva de género.