El ex alcalde de La Línea se escuda en los técnicos en el juicio de Roseworld

El ex alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), el popular Juan Carlos Juárez, declaró ayer en la Audiencia de Algeciras por la venta de suelo municipal a la empresa Roseworld. Juárez defendió que la operación, por la que hay 10 imputados más, contaba con los avales técnicos. "Nunca he firmado una resolución o un decreto con informes técnicos en contra", afirmó.

El ex alcalde, que llegó al PP desde las filas del GIL, afirmó que no participó ni en la mesa de contratación ni en el pleno que aprobó la operación de compra-venta de los terrenos municipales. En el caso están implicados tres ediles del PP y un antiguo compañero de éstos en la Corporación. Están acusados de supuestos delitos de cohecho y prevaricación, entre otros cargos.

La fiscalía pide cuatro años de prisión para los ediles y el exregidor

Juárez se negó ayer a responder a las preguntas de los letrados de las acusaciones particulares e insistió en que en ningún momento obtuvo beneficio de la venta de la parcela municipal y que siempre siguió las recomendaciones de los técnicos municipales. "La parcela en cuestión se adjudica a Roseworld porque no había causa legal que excluyese a esta empresa del concurso", argumentó.

"Tanto la exclusión de Promaga como la adjudicación a Roseworld y la propuesta económica y la solvencia de esta empresa estaban avaladas en todo momento por los informes técnicos", añadió Juárez, quien concluyó que los miembros de la mesa de contratación tampoco obtuvieron beneficios por la operación.

Juárez achacó el proceso a una politización que se "recrudece en épocas electorales": "Así ocurrió hace cuatro años y ahora, aunque no me presentó a las elecciones, también ha ocurrido".

Francisco Llamas, abogado de la acusación popular que ejerce el sindicalista José Carrión, manifestó tras la vista que la negativa de Juárez a responder a sus preguntas demuestra "una falta absoluta de credibilidad". El letrado dijo que el argumento del alcalde sobre el aval técnico "es habitual en estos casos". "El tribunal debe tener en cuenta que, en los ayuntamientos, el componente político es muy importante" y que "estas decisiones no salen solo de los técnicos".

También declaró ayer el exconcejal popular y entonces responsable de la oficina de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, quien tampoco respondió a las preguntas de las acusaciones particulares. Ruiz Calama sí contestó a la fiscal anticorrupción, Virginia Alonso, y dijo que, con sus decisiones, "nunca" pretendió beneficiar a la empresa adjudicataria y que la parcela municipal no fue adjudicada a la otra empresa concursante, Promaga, "porque en ese momento no estaba al corriente de pago en la Seguridad Social".

El juicio se reanuda hoy con la declaración de los concejales del PP de La Línea, Juan Montero, María de la Cruz Atienza y Francisco Muñiz, para quienes la fiscalía pide, la misma pena que para Juárez: cuatro años de prisión por prevaricación y cohecho y una multa de 500.000 euros, así como una pena de inhabilitación durante ocho años y medio.