Fiscalidad de urgencia

Las medidas económicas aprobadas ayer por el Gobierno incluyeron una subida del impuesto sobre el tabaco por cajetilla de 26 céntimos en las marcas más caras y de 63 céntimos en las más baratas que, si el consumo se mantiene, proporcionará unos 780 millones de euros anuales a las arcas públicas. La subida debe analizarse como necesaria para compensar los costes de las medidas diseñadas por el Gobierno para estimular la competitividad (también aprobadas ayer) que incluyen, entre otras, la rebaja del impuesto de sociedades para las empresas de menos de 10 millones de facturación, libertad de amortización hasta 2015. El Gobierno también decidió ayer la privatización parcial de la sociedad gestora de los aeropuertos (Aena) y las Loterías del Estado y la supresión de la ayuda de 426 euros a los parados. El coste de las rebajas fiscales queda más que compensado con la subida de la carga fiscal sobre el tabaco.

Quienes se rasgan las vestiduras ante las subidas fiscales (como el PP, por ejemplo) pecan de ingenuidad y de oportunismo o de un conocimiento deficiente de la situación económica. No es descartable que, si la recaudación flaquea por la debilidad del crecimiento, el Gobierno tenga que aprobar nuevas subidas de los impuestos sobre el alcohol y los carburantes en 2011. Una de las razones por las cuales la economía española recibe una consideración inversora mejor que la rescatada Irlanda o Portugal reside en que tiene margen de maniobra para subir impuestos. La tributación sobre los combustibles, por ejemplo, está muy por debajo de la media comunitaria; si fuera necesario, sería una ayuda decisiva en la corrección del déficit.

Está claro que el conjunto de medidas aprobadas ayer en el Consejo de Ministros no son la respuesta absoluta que requiere la crisis española, que es afianzar la solvencia de la deuda, convencer a los inversores de que el sistema financiero no encubre activos dañados convertibles en deuda pública y aclarar cómo será la reforma de las pensiones, que se conocerá el próximo 28 de enero. Dicho esto, la eficacia liberalizadora de las privatizaciones anunciadas dependerá de cómo se articulen finalmente las concesiones aeroportuarias; no es difícil prever dificultades políticas de relieve si se tiene en cuenta que las comunidades autónomas presionarán para aumentar su poder en la nueva gestión. En cuanto a las medidas de estímulo fiscal y empresarial, servirán de acompañamiento cuando se recupere la actividad económica.