PSOE y PP de Jaén regularizan 5.000 viviendas ilegales

El Pleno del Ayuntamiento de Jaén aprobó ayer una de las operaciones urbanísticas más controvertidas en varias décadas al regularizar 5.000 viviendas de los alrededores de la capital y que se han venido construyendo ilegalmente desde la segunda mitad del pasado siglo. La medida, condicionada al visto bueno de la Junta de Andalucía, contó con el voto a favor de PSOE y PP, y el rechazo del socio de gobierno de los socialistas, IU, cuya portavoz, Isabel Mateos, acusó a los dos partidos mayoritarios de "especulación" y "electoralismo".

Varias decenas de vecinos de las zonas residenciales de los Puentes y de la periferia de Jaén abarrotaron el salón de plenos para ser testigos de un momento "trascendental" en la historia de la ciudad, como lo definió la alcaldesa, la socialista Carmen Peñalver: la inclusión de sus viviendas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbano consolidado. Se trata de 5.000 chales, la mayoría de segunda residencia, construidos en las últimas décadas "con el amparo pasivo de las Administraciones", como señaló el concejal de Urbanismo y portavoz socialista, Manuel López, que admitió que este problema había entrado "en un callejón sin salida" con la nueva normativa urbanística.

La inclusión de estas viviendas en el nuevo PGOU ha contado con la complicidad de la Junta, que el mes pasado confirmó el indulto de 142 chalés para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había determinado su demolición por ocupar el dominio público hidráulico. Ayer, sin embargo, la alcaldesa, Carmen Peñalver, defendió la inclusión de las casas en el nuevo PGOU "para evitar la especulación y dar seguridad a las familias" Los socialistas contaron ayer, sorprendentemente, con la sintonía del PP, que ya en la anterior legislatura intentó, sin éxito, legalizar los chalés. El portavoz popular, Manuel Peragón, justificó la alianza con los socialistas "por responsabilidad", aunque les advirtió de que la negociación aún no ha terminado: "Tienen que luchar con la Junta para dar a las viviendas el mayor estatus de legalidad".

IU no discrepaba del proceso de legalización, pero sí con la fórmula elegida por su socio de gobierno, el PSOE. Al calificar la zona como suelo urbano consolidado los vecinos no tendrán que asumir los gastos de urbanización de la zona ni ceder ningún aprovechamiento al Ayuntamiento. "Es una carta blanca a todo tipo de especulación y un asalto al PGOU", dijo la edil Isabel Mateos, que acusó a socialistas y populares de entablar una lucha "por la conquista de los votos" de estos vecinos.