La alcaldesa de Alicante: "Solo pido a la justicia que me deje defenderme"

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, presentó ayer un escrito ante el juzgado número 5 de Alicante, que instruye el supuesto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad (pieza separada del sumario general del caso Brugal), en el que pidió que levante el secreto de las diligencias para poder ejercer su derecho a la defensa.

La regidora, según el escrito inicial del fiscal Anticorrupción, está acusada junto a otras 21 personas, entre ellas Luis Díaz Alperi, su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico, y el contratista Ortiz, de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. El fiscal sostiene que Castedo y Alperi recibieron regalos del promotor por favores urbanísticos. El escrito de acusación del fiscal fue difundido el lunes por la propia Castedo. En ese acto, la regidora rechazó las acusaciones y negó las supuestas dádivas de Ortiz, salvo un viaje en el yate del constructor. La alcaldesa también rechazó que en el nuevo PGOU, aprobado provisionalmente en mayo pasado, haya habido cambios a favor de Ortiz. "No consiguió nada de lo que pidió", sentenció.

Castedo insistió en su inocencia y argumentó que pide el levantamiento del secreto del sumario para evitar "un linchamiento mediático".

Por su parte, el vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, negó cualquier relación con el caso Brugal e instó a que le lleven "al juzgado" si "hay algún delito" contra él. "No tengo nada más que hablar del tema. Quien ha organizado esa fiesta que la aclare", dijo.