Cooperantes en riesgo

El largo secuestro de Roque Pascual y Albert Vilalta puso de relieve el grave riesgo que entrañan iniciativas como las de la ONG a la que pertenecen, en zonas de riesgo. Acció Solidària no es la única organización que las lleva a cabo y, por esta razón, es urgente que el Gobierno fije una posición que establezca con claridad las responsabilidades para las partes involucradas en las iniciativas humanitarias.

La liberación de Pascual y Vilalta no obliga tanto a juzgar los medios puestos en juego para obtenerla como a extraer las conclusiones para evitar situaciones semejantes. Las acusaciones retrospectivas al Gobierno por su actuación son oportunistas: ningún Ejecutivo habría asumido el coste de haberse negado a tratar con los captores. Además, es difícil sostener desde el punto de vista ético que unos paguen con su vida decisiones que adoptan otros, sea por razones de principio o por necesidades en la lucha contra el terrorismo.

Hace tiempo que los cooperantes en zonas de riesgo se han convertido en un objetivo, sin que nada cuenten para los terroristas sus propósitos humanitarios. Esta situación no dificulta su tarea; en realidad, la frustra, porque el secuestro o, incluso, el asesinato de los cooperantes contribuye a reforzar a los grupos armados cuyo proyecto político consiste en sojuzgar a las poblaciones que aquellos buscan socorrer. El siniestro mecanismo establecido por los terroristas les permite convertir la ayuda de hoy en tiranía para mañana. Y las organizaciones humanitarias no pueden ignorarlo.

Solo desde el momento en que el Gobierno fije las responsabilidades, quienes a partir de ese momento decidan llevar a cabo iniciativas como la de Acció Solidària saben los riesgos que asumen y los límites de la acción del Estado. Este no puede desentenderse de la seguridad de sus ciudadanos en ninguna circunstancia, pero, en cambio, puede y debe ampliar su margen de maniobra a la hora de decidir los medios para protegerla. Quien decide correr voluntariamente unos riesgos conociendo de antemano que el Estado se reserva la manera de responder a ellos, mitiga el dilema ético que se presentó en el caso de Pascual y Vilalta, si no lo desactiva.

También a efectos de la lucha contra el terrorismo resulta necesario que el Gobierno establezca las responsabilidades para el futuro. Los secuestradores no pueden actuar desde el convencimiento de que el Gobierno negociará siempre, como tampoco desde el contrario. Negociar o no debería formar parte de la estrategia que el Estado juzgue más conveniente para conciliar los múltiples bienes en juego; una estrategia de la que los secuestradores no tienen por qué disponer de ninguna certeza ni de ningún indicio. Acció Solidària, la organización de Pascual y Vilalta, ha decidido mantener la caravana de este año como "homenaje" a sus compañeros. Es una decisión voluntaria y una explicación difícil de compartir, que obligaría al Gobierno a pronunciarse antes de que se pusiera en marcha para despejar cuanto antes la nebulosa de las responsabilidades.