La Junta aparca los proyectos y gastos nuevos hasta aprobar el plan de ajuste

El Ejecutivo andaluz ha decidido aparcar todas las decisiones sobre proyectos o programas nuevos de gasto hasta aprobar el futuro plan de ajuste económico, cuya fecha tope es el 22 de junio, cuando ha de presentarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) junto con el resto de comunidades autónomas. La consejera de la Presidencia y portavoz, Mar Moreno, explicó ayer que el sentido de esta medida, que no se prolongará más de cuatro semanas, es armonizar las prioridades, de modo que respondan a los criterios que establezca el Gobierno en su conjunto y no a las estimaciones propias de cada consejería.

Moreno quiso dejar claro que no se trata de paralizar la acción del gabinete de José Antonio Griñán ni congelar los proyectos previstos -ayer mismo se autorizó un gasto en educación de 231 millones de euros- sino de postergar las iniciativas de servicios, programas o contrataciones nuevas en este lapso de tiempo.

Antes de elaborar el plan de ajuste, este mismo viernes, se celebrará una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno para dar luz verde a la traslación a Andalucía del decreto ley de recortes del Gobierno central, que se publicó el lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Mañana jueves la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, presidirá una reunión de la Mesa General de la Función Pública para abordar con los agentes sociales andaluces los detalles del ajuste, que está siendo analizados con detenimiento por los servicios jurídicos y la propia Junta con el fin de garantizar "su correcta aplicación", en palabras de Moreno.

El decreto del viernes comportará los recortes salariales de funcionarios y empleados públicos. La consejera reiteró que la bajada de sueldos afectará a los trabajadores de las empresas públicas, en la horquilla señalada por el Gobierno central (entre un 5% y un 15%), ya que, dijo la consejera portavoz, hay margen suficiente para hacerlo.

Los sindicatos mayoritarios ya han pedido al presidente andaluz que no aplique el descenso de salarios en las empresas públicas y no han descartado recurrir a los tribunales si vulneran los convenios colectivos.

Mar Moreno dijo que la aplicación de los recortes se hará bajo dos premisas: el principio de no discriminación entre trabajadores públicos, y el diálogo con los sindicatos.

Sobre medidas de austeridad aplicadas en otras autonomías, como la de Castilla-La Mancha, que ha dejado en siete las consejerías de su Gobierno, Mar Moreno dijo que le parece "muy bien", pero que los ajustes que ha hecho Andalucía (dos consejerías menos) no les desmerece en nada. Castilla-La Mancha tiene dos millones de habitantes y 49 diputados y, Andalucía, ocho millones y 109 diputados.