La Agencia Estatal de Investigación ya no tendrá que crearse en el plazo de un año

La creación de la Agencia Estatal de Investigación, reivindicación clave de la comunidad científica española, ya no depende del plazo de un año que se contemplaba en los borradores de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. En el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno el pasado día 7 y remitido ya al Parlamento, se ha suprimido el plazo para la puesta en marcha de dicho organismo de gestión y financiación de la ciencia en España. Los fuertes reparos del Ministerio de Hacienda al respecto han motivado, y motivan, profundas discusiones entre departamentos.

"La agencia sigue siendo prioritaria, pero sin fecha", destacó ayer el secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz. "Este ministerio [Ciencia e Innovación] está comprometido con su creación". Adelantó también que está redactado un primer borrador de estatuto de la agencia, cuya creación ya se anunciaba, en 2006, en la Ley de Agencias Estatales, sin que se haya hecho realidad.

Pétriz comentó que la nueva ley, al unificar las escalas funcionariales de los siete organismos públicos de investigación (OPI), facilita ahora su reorganización, ya que se autoriza al Gobierno para hacerlo. "Pero la ley no dice cuál será la foto final de los OPI", señaló Pétriz. El hecho de que los directores generales de tres de los siete OPI (Instituto Español de Oceanografía, Instituto Geológico y Minero de España e Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria) hayan pasado recientemente a ser subdirectores -a causa del recorte de altos cargos decidido por el Gobierno-, abre la puerta a su reestructuración. "Entramos en esta cuestión sin ideas preconcebidas", comentó Pétriz.

El otro gran objetivo de esta ley -junto con la agencia-, según el secretario de Estado, era establecer el contrato laboral para hacer la tesis doctoral, en lugar de las actuales becas. Para estos contratos, la nueva ley fija unos baremos cuyo objetivo es que el salario en esos contratos sea equivalente a la cantidad percibida ahora con las becas. El plan es que este sistema de contratos laborales entre en vigor a mediados de 2012, mientras que el contrato laboral, de cinco años máximo, de acceso al sistema de ciencia entraría en vigor en 2014. Este tipo de contratación sustituiría, apuntó, a los actuales contratos Ramón y Cajal.