Un nuevo alcalde de IU devuelve a Carratraca al redil institucional

Francisco Duque, de 54 años y dueño del bar Paco Pi, sacó ayer al pueblo de Carratraca (Málaga) del atolladero institucional en el que él mismo había contribuido a meterlo el pasado 19 de enero. Duque, militante de IU que dimitió como teniente de alcalde el mismo día en que su compañero de partido Óscar Román renunciaba al cargo de regidor para evitar sancionar un centenar de viviendas irregulares, fue elegido ayer alcalde por unanimidad de los siete ediles de la corporación. Ante un salón de plenos abarrotado -150 personas dentro y al menos otras tantas a las puertas-, Duque cerraba un vacío de poder inédito en la historia democrática española y ponía sordina al más sonado levantamiento municipal hasta ahora contra las leyes urbanísticas de la Junta de Andalucía.

El nuevo regidor fue elegido por unanimidad en un pleno abarrotado

Los tres ediles de IU, los dos del PP y los otros dos del PSOE, sentados entremezclados en el salón de plenos, escribieron en su papeleta el nombre de Francisco Duque. En su discurso de aceptación ante los bañeros -gentilicio de Carratraca, pueblo con un célebre balneario de aguas sulfurosas- el nuevo alcalde, con voz nerviosa, afirmó que su "principal línea de trabajo estará dirigida al urbanismo". También dijo que "mañana mismo" [por hoy] va a pedir una reunión a la delegada de la Junta en Málaga, María Gámez, para "desbloquear esta situación peculiar".

El casco urbano de Carratraca, en la comarca del Guadalteba, a 50 kilómetros de Málaga, está catalogado como bien de interés cultural por la Consejería de Cultura. Eso supone que pese a tener apenas cinco o seis edificios singulares -el Ayuntamiento, la iglesia, el balneario y la plaza de toros, entre otros- y algún inmueble en ruinas, como el antiguo cuartel de la Guardia Civil, todo el pueblo está urbanísticamente protegido y las reformas requieren permiso previo de la comisión de patrimonio. Aproximadamente la mitad de los expedientes sancionadores tienen que ver con reformas interiores en las casas. El resto corresponden a edificios irregulares en las afueras del pueblo.

Tras la renuncia de Óscar Román, ninguno de los ediles de la corporación quería ser elegido alcalde, cargo que implica ejecutar los expedientes urbanísticos, alguno de los cuales puede acarrear la demolición de lo construido ilegalmente. La presión de los partidos, especialmente de IU, hizo que Duque aceptara el incómodo cargo casi en el último minuto y para evitar que una gestora tuviera que tomar las riendas de la localidad. En declaraciones a los periodistas, el nuevo regidor aseguró que defenderá "hasta la muerte" que no se tiren viviendas en su pueblo.

Los vecinos aprovecharon el pleno de nombramiento de alcalde para protestar por la normativa urbanística con multitud de pancartas. En muchas se leía: "El pueblo es nuestro, no de Cultura".