Examen de conciencia

Brasil vuelve la vista a su pasado más negro e inmediato, a los crímenes cometidos por la dictadura militar, con la próxima creación de una comisión de la verdad cuya misión será, más que hacer justicia, la de hacer luz, establecer qué, quiénes, cuántos y cómo participaron en aquella barbarie de más de dos décadas. Si habrá lugar o no a actuaciones judiciales es cosa que decidirá el Tribunal Supremo ya bien entrado 2010, probablemente antes de las elecciones presidenciales de octubre para elegir sucesor a Luiz Inàcio Lula da Silva.

No fue la dictadura más cruenta de América Latina, si la comparamos con la argentina o la chilena; ocasionó unos 400 muertos y 200 desaparecidos, con la altísima cifra, sin embargo, de 20.000 torturados. Pero sí la más prolongada. Duró de 1964 a 1985, hasta el general Figueiredo, y fue la misma institución militar la que moduló el paso a la democracia, no sin que en 1979, como preparación a su propia retirada a los cuarteles, hiciera aprobar una ley de amnistía. Formalmente se presentó como una medida aperturista, que permitía a todos los exiliados regresar al país, pero en realidad suponía el perdón efectivo para los miles de militares, policías y partidarios del régimen, que participaron directamente de aquel oficio de tinieblas.

El presidente Lula impulsa la investigación, pero no es partidario de que por ello se movilice la maquinaria legal contra los culpables. La oportunidad de la constitución de la comisión de la verdad, para abril o mayo, no perjudicará precisamente a Dilma Rousseff, la candidata de Lula a la sucesión, que pertenecía a una célula de la resistencia, fue torturada durante días y pasó tres años en la cárcel. El propio Lula sufrió también la represión de la policía como líder sindical.

El Gobierno brasileño está dividido sobre los límites de esa excursión de la memoria, pero el secretario para Derechos Humanos es decidido partidario de que la justicia diga la última palabra, para lo que aduce un argumento que sería difícil no secundar. El Estado carecería de autoridad moral, dice, para combatir los incontables abusos de los derechos humanos que cometen las fuerzas de seguridad si no obrara en consecuencia en relación al pasado que vuelve. La sociedad brasileña no se dará punto de reposo, moral ni político, hasta que ajuste cuentas con los criminales que la ley de amnistía sigue protegiendo hoy.