Los colegios profesionales se rebelan contra el Gobierno

Más de 90 colegios profesionales de Cataluña acordaron ayer plantear batalla ante la llamada ley ómnibus, una batería de 47 cambios legales que el Gobierno central ha aprobado para adaptar las leyes españolas a la directiva europea de Servicios, que busca liberalizar algunas actividades, y cambia las reglas de juego de estos colegios.

La norma pretende eliminar las restricciones impuestas por algunas de estas instituciones al ejercicio simultáneo de varias profesiones (como la labor de procurador, que no puede ser ejercida por los bogados) y elimina la obligación de visar los trabajos de los colegiados, a no ser que ese mandato esté protegido por una ley o decreto ley. También se reducirá la cuota de inscripción, eliminará los baremos, se les obligará a tener un servicio de atención a los usuarios y se les incita a publicar una memoria anual, para garantizar la transparencia, entre otras medidas.

Con este horizonte, los presidentes, decanos y representantes de los colegios profesionales catalanes firmaron ayer en la sede del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cataluña (COACC) el manifiesto en el que recogen sus reivindicaciones, que deben presentar antes del próximo 7 de septiembre, cuando finaliza el plazo de presentación de alegaciones.

Los colegios profesionales catalanes reclaman mantener su capacidad de orientación de los horarios, la obligatoriedad de colegiación, las cuotas de alta, los visados y certificaciones colegiales, así como no establecer límites comunes en la comunicación profesional de los diferentes colegios.

El Gobierno ha postergado los asuntos más polémicos, como la obligación de colegiarse en determinadas profesiones, al proyecto de ley de servicios profesionales.