Lo público y lo privado

En Cataluña hay un servicio de alquiler de coches llamado Carsharing. La empresa que lo gestiona está participada por capital público: la Generalitat, a través del Departamento de Política Territorial, y el Ayuntamiento de Barcelona. El dinero público en esta aventura se justifica porque, se supone, el objetivo es que la gente no compre un coche. Se hace socio y lo utiliza cuando lo necesita. Cuando no, queda a disposición de otro usuario. Se trata de no promover el despilfarro.

C. P. escribe que tras obtener el carnet, dado que la necesidad que tiene de un vehículo es "relativa", se interesó por el servicio Carsharing "por lo de ahorrar dinero y, de paso, no contribuir al uso irresponsable del transporte privado". Pues no. Para el Gobierno, este señor puede conducir; la empresa no lo reconoce: sólo admite como socios a conductores cuyo permiso tenga dos o más años de antigüedad.

"Entiendo, aunque cuestiono, que una empresa privada no permita la conducción a conductores noveles, pero nunca imaginé que una empresa participada por las instituciones públicas también lo haga. Es una invitación a la compra de un coche que apenas utilizaré. Porque estar sin conducir dos años no entra en mis planes después de la inversión de tiempo y dinero realizada", añade C. P.

La empresa justifica la medida aduciendo los costes de seguros y que los conductores noveles y jóvenes tienen más accidentes. El lector es novel, pero no tan joven: confiesa 35 años. Las instituciones que participan en el capital de esta peculiar empresa dicen que se someten a sus criterios, presuntamente el beneficio empresarial, aunque los socios capitalistas aseguran que, de momento, no ha generado beneficio alguno.

Para quejas sobre las administraciones y empresas públicas: catalunya@elpais.es a la atención de Francesc Arroyo.