México detiene a 11 alcaldes por su relación con el 'narco'

Los carteles tradicionales sólo aspiran a controlar el mercado de la droga. La Familia Michoacana va mucho más allá. Su verdadero objetivo es sustituir al Estado. Opera en 87 de los 113 municipios de Michoacán -la cuna del presidente de México, Felipe Calderón- y controla los prostíbulos, las máquinas tragaperras, la piratería, la venta de armas y, por supuesto, el tráfico de drogas. Para ello no sólo dispone de una larga nómina de sicarios, sino también de jueces, policías y... políticos. Esto último se intuía desde hace tiempo, pero ahora ya no hay duda: 11 alcaldes y otros 17 altos funcionarios, entre ellos un juez y hasta el director de la academia de la policía estatal, han sido detenidos por la Policía Federal y el Ejército en una operación sin precedentes en México.

Un juez y el director de la academia de la policía también están afectados

La fiscalía evitó dar datos al gobernador de Michoacán porque no se fía

No hay un partido que se haya salvado de la quema. Los alcaldes detenidos pertenecen a las tres principales formaciones políticas de México. Dos son del PAN (la derecha que gobierna el país), otros dos pertenecen al izquierdista PRD y los siete restantes fueron candidatos por el PRI (el partido hegemónico en México desde 1929 a 1997). Pero hay más. Del resto de los detenidos, un buen número pertenece al círculo más cercano de Leonel Godoy, el gobernador del Estado de Michoacán, del PRD, quien sólo se enteró de la gigantesca operación policial cuando ya se estaba produciendo. Por ello, Godoy -quien hasta ahora presumía de su buena relación con el presidente Calderón- montó en cólera. Ante la opinión pública quedó claro que, con razones o sin ellas, la fiscalía de la República ya no se fía de él.

No obstante, lo de Michoacán era un secreto a voces. El 15 de septiembre, coincidiendo con la celebración del grito de la Independencia, su capital, Morelia, sufrió el primer atentado narcoterrorista de la historia de México. Unos sicarios arrojaron sobre la población dos granadas de mano que mataron a ocho personas y dejaron malheridas a más de 100. Los focos se encendieron sobre la tierra natal de Felipe Calderón y lo que enseñaron era muy grave. El Estado estaba perdiendo rápidamente poder e influencia a favor del crimen organizado. No sólo se trataba de la droga. Al contrario que en plazas más sangrientas como Tijuana o Ciudad Juárez -donde sicarios rivales siguen peleando a tiro limpio y calle a calle por el control del tráfico de drogas-, lo de Morelia era mucho más sutil y por tanto más peligroso.

No había actividad relevante que no fuese controlada por el crimen organizado. Además de dominar los negocios ilegales antes descritos -piratería, tráfico de drogas, aserraderos clandestinos-, los jefes de la Familia Michoacana ofrecían protección obligatoria a los dueños de las gasolineras, a los productores de aguacate, a las tiendas de comestibles. Las tarifas -como denunciaron entonces a este periódico algunos de los afectados- fluctuaban entre los 2.000 y los 20.000 euros. A tocateja. Entre las respuestas posibles no figuraba el no. "Yo les dije", contó uno de los extorsionados, "que no podía pagarles porque debía mucho dinero al ayuntamiento. Me dijeron que les mostrara el documento donde figuraba la deuda y se lo enseñé. Se lo llevaron y al día siguiente volvieron con el impreso y un sello municipal que dejaba constancia de que ya había sido pagado. Me dijeron: ya no tienes que preocuparte por la alcaldía, ahora tu deuda es con nosotros".

Los sicarios, quedaba claro, tenían muy buenos contactos. Tanto es así que entre la lista de detenidos por el Ejército están, además de los 11 alcaldes, una asesora del Gobernador, un juez, tres funcionarios de la fiscalía local y hasta el encargado de formar a los nuevos policías...