El tripartito rectifica y no obligará a reservar suelo para oratorios

La Ley de Centros de Culto que impulsa el Gobierno catalán y que tenía como objetivo acabar con las arbitrariedades de algunos ayuntamientos a la hora de autorizar la apertura de oratorios, sobre todo musulmanes, corre el riesgo de quedarse vacía de contenido. Así se desprende de las enmiendas que los tres partidos que apoyan al Gobierno catalán han presentado al texto aprobado por el propio Ejecutivo. Concretamente, los grupos del tripartito piden dar marcha atrás en lo acordado por el Gobierno y no obligar a los ayuntamientos a prever en sus planes urbanísticos suelos para uso religioso.

De esta forma, los municipios podrán seguir alegando falta de espacio o falta de previsión para prohibir la apertura de oratorios, algo que, a menudo, fuerza a instalar este tipo de locales en las afueras o en polígonos industriales. Las enmiendas que ha presentado el tripartito después de recibir presiones de algunos ayuntamientos y de la cúpula de la Iglesia católica han sido recibidas con gran entusiasmo por Convergència i Unió (CiU), poco favorable a regular este asunto y partidaria de una ley de Centros de Culto que resalte la preeminencia de la Iglesia católica.

PSC, ERC e ICV-EUiA pactan enmendar la Ley de Centros de Culto del Gobierno

La ley que aprobó el Gobierno y que mañana comenzará a ser modificada por el Parlament dice explícitamente que su objetivo es "establecer la obligatoriedad de prever en los planes de ordenación urbanística suelos donde se admita o se asigne el uso religioso". El Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana y también Iniciativa-Esquerra Unida ya no creen necesaria esta concreción. De ahí que hayan acordado un redactado alternativo que elimina la obligatoriedad. El texto dice: "la finalidad de esta ley es garantizar la aplicación real y efectiva del derecho de las Iglesias, las comunidades y las confesiones y tiene por objeto la previsión que en los planes de ordenación urbanística municipal se admitan o se asigne el uso religioso, de acuerdo con las necesidades y disponibilidad de los municipios".

La diputada de CiU Glòria Renom se felicitó ayer por los cambios y pidió que en la tramitación parlamentaria la ley "acabe de entrar en el buen camino para no interferir en la labor de los ayuntamientos". Renom asegura que CiU defiende la instalación de oratorios de todas las religiones, pero rechazó que esto se haga a través de una ley. En términos parecidos se mostró el año pasado el arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, quien reclamó que sólo el Gobierno central legisle sobre el asunto. La Iglesia católica está especialmente molesta con un proyecto de ley que iguala todas las religiones presentes en Cataluña, un total de 13.

Fuentes de ERC justificaron ayer los cambios en la ley porque los habían solicitado los municipios.