90 votos de castigo al pluriempleo de los diputados

"Por acuerdo de todos los portavoces, nadie hará uso de la palabra", dijo el presidente del Congreso, José Bono, después de ordenar a los ujieres que cerraran la puerta del hemiciclo, que vaciaran las tribunas de público y que dejaran de grabar las cámaras de televisión.

A continuación, los 336 diputados presentes votaron en secreto el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado que permite a 79 parlamentarios ejercer actividades privadas al margen del escaño. Sólo los portavoces de los grupos disponían del informe completo y el resto de diputados votaba a ciegas, como es costumbre en estos casos.

El pasado junio, cuando se aprobó el primer informe, Bono hizo que interviniera primero, aunque fuera a puerta cerrada, el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, Francesc Vallés, para dar los datos del dictamen, sin citar nombres. Es decir, las cifras de cuántos diputados ejercerán como abogados, cuántos como concejales, cuántos como conferenciantes, etcétera. Ayer ni eso. Sólo se votó en secreto. De los 336 diputados presentes, hubo 43 que votaron en contra y 47 que se abstuvieron. Hubo 90 que no quisieron apoyar el dictamen. La cifra es inusual porque hasta ahora esta votación sólo era un trámite.

Sólo los portavoces tenían el informe completo, y el resto votó a ciegas

Como la votación es secreta, es imposible determinar de qué grupo proceden los abstencionistas y los del no. El texto salió de la comisión con apoyo unánime de los grupos, salvo el diputado Gaspar Llamazares (IU), que anunció un voto particular y su rechazo al informe. Por tanto, los 90 votos discrepantes proceden de los grupos mayoritarios y rompen la instrucción de sus direcciones.

Una diputada socialista que no votó a favor del dictamen explicó a este periódico que pretendía así expresar su rechazo al procedimiento y al fondo del informe. A la forma, por ser un procedimiento opaco y sin publicidad y al fondo, porque incluye casos como los de los diputados del PP Fernando López Amor, Ángel Acebes y José María Michavila que suponen una aplicación laxa de la norma y terminan por perjudicar a la inmensa mayoría de los diputados que sólo ha pedido autorización para ejercer como tertulianos en medios de comunicación o conferenciantes, actividades que suponen una prolongación de la de diputado. López Amor será consejero de una empresa que vende los derechos del fútbol a televisiones públicas, Michavila crea una empresa de gestión de patrimonios y Acebes entrará en el consejo de una sociedad de Caja Madrid. La Ley Electoral sólo es clara para prohibir que los diputados intervengan en contrataciones con Administraciones públicas.

Además, la Cámara baja carece de capacidad para investigar si los diputados cumplen las limitaciones legales una vez que se les concede la compatibilidad.

PSOE e IU, con apoyo de Bono, han presentado iniciativas para que las actividades de los diputados sean públicas y para que el Congreso tenga capacidad para investigar el cumplimiento de la ley.