Protegiendo a Camps

El Partido Popular no necesitaría recurrir a la estrategia de desacreditar cualquier actuación judicial en el caso Gürtel si estuviera en condiciones de responder a una única pregunta: ¿puede o no puede el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, acreditar fehacientemente el pago de los trajes que, según consta en el sumario, le fueron ofrecidos por los miembros de la trama de corrupción dirigida por Francisco Correa?

Si puede, no tiene sentido que el PP trate de obstaculizar la investigación judicial sembrando dudas sobre el magistrado que instruye el caso o sobre los imputados cuyas declaraciones comprometen a algunos de sus dirigentes; bastaría con que Camps presentase las facturas, las liquidaciones bancarias o cualquier otro documento acreditativo del pago. Y si no puede, tanto la responsabilidad institucional como la cautela política exigirían del principal partido de la oposición un apoyo sin reservas para que el sumario siguiera su curso, a fin de determinar por otras vías de prueba la responsabilidad que corresponde a cada una de las personas que aparecen en él.

Por más que los populares traten de desviar la atención sacando a escena a dirigentes como Federico Trillo -el peor ejemplo en cuanto a asunción de responsabilidades políticas se refiere-, lo que se sigue ventilando es la conexión que pueda existir entre un cargo electo, Francisco Camps, y una trama de corrupción desarrollada al amparo de Gobiernos y ayuntamientos gobernados por el PP. Ni se puede minusvalorar la dimensión de este asunto por la cuantía de los obsequios presuntamente aceptados por el presidente de la Generalitat valenciana, ni son de recibo explicaciones tan inverosímiles como la de que éste tiene por costumbre desde hace años realizar sus pagos en metálico. El solo recurso a estos argumentos, como ha hecho Trillo, son prueba palpable de la escasa consideración que merecen los ciudadanos al PP. Sobre todo porque, al llamar artificialmente la atención sobre señuelos tan inconsistentes, intenta ocultar que Camps no ha ofrecido hasta el momento la única respuesta que se espera de él y que dejaría a salvo su responsabilidad política.

Puede que el PP esté considerando proteger a Camps hasta las elecciones europeas con la esperanza, en caso de victoria, de regresar a la letanía de que las victorias en las urnas equivalen a una absolución ante la justicia. El propio Camps recurrió a este razonamiento al conocerse los hechos. Sólo que, sea cualquiera que sea el resultado de esos comicios, ningún extremo quedaría zanjado. No sólo porque esta estrategia pondría en evidencia una instrumentalización del sistema democrático como garantía para la impunidad, sino porque, en el trayecto, las eventuales responsabilidades políticas de Camps se habrían proyectado sobre Rajoy, que lo habrá respaldado sin reparar en el coste para las instituciones, su honorabilidad y su prestigio.