Santa Coloma destina cuatro millones a un plan anticrisis

Combatir la crisis o, por lo menos, mitigar sus consecuencias entre los vecinos es la nueva consigna en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès), que ayer presentó 10 medidas de ayuda a las familias que superan en cuatro millones de euros el presupuesto de 2008. El decálogo de iniciativas es variado. El Consistorio pagará los recibos de la luz, el gas y el agua a aquellas familias con impagos y aviso oficial de corte en el suministro; formará a los parados, dará trabajo a 350 personas desocupadas en obras de la ciudad y ofrecerá subvenciones para que los comerciantes modernicen sus negocios, entre otras medidas.

La difícil situación económica ha hecho que se duplique el paro en Santa Coloma, hasta situarse en el 16,4%. Muchos de los nuevos desempleados no trabajaban en la ciudad -que apenas tiene industria-. Se dedicaban a la construcción o al sector de la automoción en fábricas del área metropolitana, explicó ayer el alcalde, Bartomeu Muñoz (PSC). "Hay familias con problemas de liquidez y poca formación para dar con un nuevo trabajo. Eso genera problemas inmediatos, y hay que actuar porque parece que la situación económica no mejorará en breve".

Para beneficiarse de las ayudas, los colomenses pueden dirigirse a la Oficina de Bienestar Social, donde se evalúa cada caso (el máximo que puede recibir cada uno son 3.000 euros). Aquellos que no puedan pagar sus recibos, por ejemplo, han de demostrar que tienen un aviso por impago, aunque no importa que estén en activo. En el Consistorio dice que las subvenciones se darán de forma "inmediata".

Ayudas y formación

Para reactivar la economía se destinarán 10 millones, cuatro más que en 2008. Se concederán 500.000 euros a los comerciantes de la Serra d'en Mena, los más desfavorecidos, para que modernicen sus locales. Los emprendedores podrán optar a un paquete 300.000 euros para crear nuevas empresas y recibirán, a partir de ahora, un mayor asesoramiento del Ayuntamiento (con estudios de mercado, por ejemplo). Unas 1.200 personas recibirán formación y orientación laboral. También se ha ampliado la franja de edad para acceder a la vivienda pública: ahora será de los 18 a los 65 años. A pesar del anuncio, 400 vecinos se manifestaron en el centro para protestar contra la subida por encima del IPC de las tasas de los servicios básicos regulados por la Administración, informó EFE.