El salvaje Oeste de los SMS

Medianoche del lunes. Un usuario ve la televisión. Llega la tanda de anuncios: "¿Quieres saber dónde se encuentra tu pareja en todo momento? Manda Lugar 3 al 7997". Al televidente en cuestión le parece una buena idea y obedece. Acto seguido le llega un mensaje: "Para recibir tu descarga dinos si tu móvil tiene pantalla a color, envía COLOR al 7997. Si tu móvil es blanco y negro envía BLANCO al 7997". Responde y recibe un nuevo mensaje. Ahora le preguntan por la marca de su terminal. Después, un tercer mensaje inquiere por su servidor. Un último mensaje le pide que envíe la palabra OK al 7997. En total, y aunque la promoción no avisaba sobre ello, ha tenido que enviar cinco mensajes que suman 8,70 euros. El precio de disponer del controvertido programa de rastreo Partner tracker que ofrece la empresa Java. Pero hay otro problema: el móvil de este usuario no tiene acceso a Internet. Aunque quiera, no puede realizar la descarga del producto, por lo que el gasto que acaba de realizar es inútil. El usuario llama a Java, donde un teleoperador le informa de que "lo único" que puede hacer es parar la orden, "con la esperanza de que no genere ningún gasto, aunque no se lo puedo asegurar. Para saberlo tendrá que esperar a que le llegue la próxima factura del móvil".

FACUA denuncia a 11 compañías por no indicar el precio final del servicio

El sector de los SMS premium (descargas de canciones, politonos o juegos, pero también concursos, promociones, altas...) es una suerte de salvaje Oeste en el que nada está escrito. El sector está descontrolado por el simple hecho de que no hay control. Dado el auge que están viviendo estos servicios a los que se apunta todo el mundo, la cuestión es grave.

La organización FACUA-Consumidores en Acción anunció ayer que ha denunciado por abuso a 11 compañías proveedoras de servicios a través de SMS premium por vulnerar la obligación de indicar el "precio final completo" que "toda información al consumidor" debe recoger.

En febrero del año pasado, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprobó una normativa para regular el sector. Dicha reglamentación incluye cuestiones tan importantes como es informar adecuadamente sobre el precio de los productos y, entre otras cosas, prohíbe que se exija a los consumidores el envío de dos o más mensajes consecutivos para solicitar un servicio (lo que impediría casos como el del comienzo de este texto) y fija un precio máximo de siete euros por mensaje.

Sin embargo, la entrada en vigor de esta normativa depende de que se apruebe un código de conducta que lleva más de un año atascado. La comisión de supervisión de los servicios de tarificación adicional -en la que están representados el ministerio, operadoras, empresas dispensadoras de estos servicios y la asociación de consumidores Ceaccu- presentó hace 10 meses un borrador al que el Ministerio de Industria no ha dado luz verde. "La norma no sale porque el código está paralizado", explica Eugenio Ribón, responsable de los servicios jurídicos de Ceaccu. "Este sector es un nicho de fraude muy importante que sigue aprovechándose del vacío legal. La situación es escandalosa".