Aclaración

En el artículo titulado "El músico se apiada del mantero", publicado en la sección Vida & artes del día 12 de febrero, en un párrafo la redactora asegura que "por la presión de sociedades de gestión de derechos musicales y audiovisuales como la SGAE, EGEDA o ACAM, apoyados por artistas como Ramoncín o María Jiménez, la vulneración de la propiedad intelectual se convirtió en un delito público recogido en el artículo 270 del Código Penal".

Tal aseveración no sólo es infundada, sino que lesiona gravemente mi nombre, al hacerme responsable directo de las desdichas que, como consecuencia del endurecimiento del Código Penal en materia de propiedad intelectual, padecen unos ciudadanos indefensos ante su desventura y sus necesidades. Le aseguro que en los casi 20 años de los que formé parte de la junta directiva de la SGAE, hasta la primavera de 2007, jamás asistí a reunión alguna, oficial o privada, ni leí documento de ninguna clase y, mucho menos, participé o firmé, en los que se tratase ningún asunto relacionado con la modificación del Código Penal para que derivase en la persecución y encarcelamiento de las personas que cometen infracciones contrarias a las leyes que protegen la propiedad intelectual.

Durante años he sido el pimpampum de todos aquellos que son contrarios a los derechos de los autores, artistas, actores e intérpretes, porque he defendido esas conquistas con la pasión de mis convicciones y amparado en las leyes que las apuntalan. Eso me ha producido no pocos sinsabores y mucho dolor.