Obscena carrera

Berlusconi y el Vaticano han protagonizado una obscena carrera contrarreloj para impedir, con la ayuda de una apresurada y forzada ley ad hoc de dudosa factura constitucional, que se cumpliera la voluntad de Eluana Englaro de que se la desconectara de la sonda que la mantenía con vida vegetativa desde hace 17 años. Tan frágil debía ser el hilo que mantenía a su cuerpo que ha bastado para que se rompiera el cese de la alimentación durante unas horas. Su muerte ha desactivado el enfrentamiento entre la familia y el jefe del Gobierno italiano, que ha enarbolado este caso como contraejemplo de sus particulares ideas o creencias sobre la vida y la muerte, con el apoyo entusiasta del Vaticano.

En esa cruzada ideológica, Berlusconi no ha tenido reparos en utilizar sus poderes de jefe del Ejecutivo para poner en riesgo al Estado de derecho, burlarse del Tribunal Supremo boicoteando su sentencia inapelable sobre el caso, y presionar y amedrentar a las clínicas y médicos dispuestos a cumplirla. Y lo que es más grave y muestra la verdadera índole moral de Il Cavaliere: se ha mostrado dispuesto a sacrificar los derechos de Eluana, que sus padres han defendido y protegido con las armas de la ley y el derecho, en el altar de una ideología y moral determinadas -las suyas y las del Vaticano-, que intenta imponer al Estado contra las leyes del Estado mismo.

Eluana Englaro cayó en el estado en que se encuentra sin hacer testamento vital escrito. Pero dejó uno verbal, del que sus padres son depositarios, al manifestarles su hija -a ellos y a amigos- que no querría vivir como vive tras el accidente de tráfico sufrido. Ese testamento ha sido avalado por el Tribunal Supremo, que verificó en un minucioso proceso la autenticidad de la voluntad testamentaria y dictaminó su conformidad con la ley.

La voluntad de Eluana sobre su forma de vivir y morir es diáfana. También lo es su adecuación a la ley. El deber de un gobernante democrático era respetar esa voluntad y la ley que la amparaba. Pero Berlusconi reaccionó sin importarle el monumental estropicio institucional que ha provocado: ha intentado forzar al jefe del Estado para que firmara un decreto ley inconstitucional; ha desafiado y deslegitimado al Tribunal Supremo; y ha forzado al Parlamento para que promulgara en unas horas una ley que respondía sólo a su particular interés: satisfacer sus ambiciones políticas, coincidentes con los deseos de dominación moral del Vaticano.