La Audiencia reabre el caso de las torres de Oropesa

La Audiencia provincial de Castellón ha anulado el auto de archivo de un caso de corrupción urbanística en Oropesa. Y también ha anulado otro auto sobre el mismo caso que decía que había indicios de delito. Así, la decisión de la Audiencia ha sido anular los dos autos, contradictorios, que la propia Audiencia había dictado sobre el caso de la construcción de más de 600 apartamentos sobre un suelo calificado de uso terciario y destinado a cámping en Oropesa. Con esto, la causa se reabre y un tribunal deberá determinar si avala la decisión del juzgado, que entendió que había suficientes indicios para decretar la apertura de juicio oral, o lo archiva. En el asunto están imputados tanto el ex alcalde de Oropesa, el independiente Francisco Garrido, como tres concejales y el arquitecto municipal.

Se acusa al equipo de Gobierno del PP de "corrupción urbanística"

Después de que dos tribunales de la Audiencia dictaran los autos contradictorios, la Fiscalía solicitó la recusación de los magistrados que habían participado en su redacción, incluido el presidente de la Audiencia, Carlos Domínguez. La Fiscalía alegaba que los magistrados estaban "contaminados" para decidir sobre la nulidad de los autos y solicitó, además, que fuera otro tribunal adoptara una nueva resolución. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó la solicitud y devolvió el caso a la Audiencia de Castellón, permitiendo que los magistrados que participaron resolvieran sobre la nulidad de los dos autos. La nulidad de ambos ya ha sido aceptada y ahora queda pendiente saber qué tribunal decidirá sobre los recursos a los que respondieron con autos contradictorios.

El caso se refiere a las licencias concedidas, en 2002 y 2003, para la construcción de dos bloques de apartamentos, conocidos como Edificio Mar, en un suelo cuyo único uso permitido era el de cámping. Posteriormente, tras acceder al Gobierno local el PP en 2005, trató de legalizar la obra. Un vecino presentó la denuncia acusando a los miembros del equipo de Gobierno de "prevaricación urbanística", por conceder las licencias con los informes negativos, a excepción del redactado por el arquitecto, también imputado.

Después de que la juez considerara que había suficientes indicios para decretar la apertura de juicio oral, el arquitecto, por una parte, y los políticos, por otra, recurrieron sus imputaciones. Un tribunal de la Audiencia contestó al arquitecto confirmando la postura del juzgado sobre indicios de un presunto delito de prevaricación, y otro contestó a los políticos decretando el archivo del caso.

La acusación se unió a la Fiscalía alegando que "no caben dos varas de medir, de suerte que unos mismos hechos reciban distintas calificaciones jurídicas". Ahora, se ha admitido la nulidad de ambos autos, pero los magistrados que participaron en ellos podrán hacerlo en la resolución definitiva de la causa.