El fraude a la Seguridad Social implica a mil personas en Granada

Más de mil personas están ya implicadas en el supuesto fraude a la Seguridad Social en Granada, cuya operación continúa abierta. Al igual que la cifra de implicados, también va en aumento la cantidad defraudada: unos siete millones de euros. La investigación intenta comprobar asimismo la existencia de una posible trama de obtención ilícita de permisos de residencia. De momento, se han detectado tres casos de ciudadanos marroquíes que habrían obtenido así el permiso.

Es una de las tres derivaciones de la denominada operación Genil que investiga la actividad de doce empresas falsas por la que ingresó en prisión uno de sus supuestos responsables. En primer lugar, se investigan las afiliaciones ficticias de trabajadores a la Seguridad Social. Las empresas no abonaban la cuota correspondiente y de ahí la deuda generada, que asciende ya a unos siete millones de euros, a falta de investigar a siete de ellas.

En segundo lugar, se investigan las prestaciones indebidas que han podido percibir los supuestos trabajadores por desempleo u otros motivos, una vez finalizada la relación laboral con dichas empresas; y por último el posible uso de estas afiliaciones a la Seguridad Social ficticias vinculado a los permisos de residencia de extranjeros. "Se podrían haber utilizado las altas en la Seguridad Social para conseguir permisos de residencia en España", incidió ayer el subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz.

Pago de 500 euros

Los responsables de las empresas Otipac Obras y Reformas y Arnusa Obras y Reformas están acusados de falsificación en documento público. Algunas de las empresas investigadas tenían escasa actividad laboral y otras, ninguna. Pese a ello, se daba de alta a los supuestos trabajadores previo pago de unos 500 euros y se les mantenía un tiempo en esa situación. Los empresarios ficticios cobrarían así subvenciones y los empleados el paro después.

Las empresas en la modalidad de subcontratas formaban el entramado controlado por el cabecilla de la trama, C. I. A. N., en prisión preventiva. Los 97 imputados de la primera fase no pudieron, en su mayoría, identificar los lugares donde habrían desarrollado supuestamente el trabajo para el que fueron contratados.