Precisiones

Me veo en la obligación de dirigirme a usted, esta vez para referirme al editorial titulado "El decretazo de Ortega. El presidente de Nicaragua gobierna a golpe de decreto ignorando la constitución y la asamblea".

Las elecciones municipales del pasado noviembre fueron aceptadas por todos los partidos que participaron en ellas, con excepción de uno, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que dirige el ex presidente Arnoldo Alemán, condenado a 20 años de cárcel por delitos de corrupción. Los otros tres partidos, la Alianza Liberal Nicaragüense, el Partido de la Resistencia Nicaragüense (ex contras) y el Partido Cristiano, así como el Frente Sandinista de Liberación Nacional, dieron por válidos los resultados.

Las elecciones fueron observadas por un importante número de observadores extranjeros y las consideraron correctas. Únicamente los grupos próximos al PLC y a su inesperado aliado el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) como algunas ONG próximas a ellos y algunos sectores de la iglesia, han puesto en duda la validez de las elecciones.

En Nicaragua como en el resto de países de América Latina, el poder electoral representado por el Consejo Supremo Electoral es un poder independiente respecto de los otros poderes del estado. Tiene sus propias y claras competencias, como las tienen los otros poderes y el sistema funciona sobre el principio clásico de separación de poderes, de modo que ningún poder del Estado puede invadir las competencias de otro.

En Nicaragua el PLC y sus allegados vienen intentando, desde el pasado mes de noviembre, cometer una barbarie jurídica como es que el poder legislativo, representado por la Asamblea Nacional, desconozca al poder electoral y declare nulas las elecciones de noviembre.

El presidente Ortega se vio obligado a recurrir a procedimientos de emergencia sobre cuya legalidad o ilegalidad sólo puede pronunciarse la Corte Suprema de Justicia.

En su obsesión por destruir el orden constitucional de Nicaragua, la oposición derechista se ha negado a aprobar el presupuesto del año 2009 y a aprobar préstamos y fondos concedidos a Nicaragua para el funcionamiento esencial del país, incluyendo el funcionamiento normal de escuelas y hospitales, así como la paralización de las obras de infraestructuras y agua, aplicando como guía de su política, el cuanto peor mejor, una realidad fácilmente visible para quien quiera ver que es la oposición derechista encabezada por el PLC la que quiere destruir el orden legal, castigar a la población más pobre de Nicaragua que es la principal destinataria del presupuesto de la República y abocar al país a una situación general de conflicto y caos.