El caso por las irregularidades en la Zona Franca suma dos nuevos imputados

El caso Rilco, que investiga las irregularidades presuntamente cometidas en la Zona Franca de Cádiz durante la etapa de Gobierno del PP, suma dos nuevos imputados. Por primera vez un técnico del recinto fiscal aparece implicado en las diligencias. El Juzgado Número 4 de Cádiz ha aceptado la ampliación de la querella puesta en su día por el Consorcio de la Zona Franca y ha imputado a Rafael Ortiz y a José David Sánchez de Medina, quienes fueron directores del portal informático Rilco. La Abogacía del Estado cree que la única actividad de este proyecto tecnológico fue derivar fondos a empresas de Miami.

Los dos nuevos imputados se suman a los seis que ya estaban siendo investigados en la causa: los dos ex delegados del PP, Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna; los empresarios de Miami, Germán y Camila Leiva, y dos representantes de las compañías Telvent y Saínco. A Ortiz y Sánchez de Medina se les atribuye la comisión de un delito societario y otro por fraude de subvenciones y la participación en los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos o apropiación indebida. Ambos colaboraron presuntamente con Rodríguez de Castro cuando Ortiz era director de Rilco y Sánchez de Median, jefe técnico del proyecto. El pasado lunes declararon ante el juzgado.

El juez trata de aclarar qué hubo detrás de la puesta en marcha de aquel portal informático que fue promocionado como un intento de potenciar el comercio electrónico con Iberoamérica. Era uno de los proyectos estrella del dimitido Rodríguez de Castro y que continuó su inmediato sucesor Miguel Osuna. Sin embargo, la Abogacía del Estado cree que el portal tenía otros objetivos y que por ello se adjudicó irregularmente a la empresa Miami Free Zone Management Services Corporation, propiedad de la familia Leiva. Se llegaron a pagar 4,2 millones de euros por aquella operación. La sospecha es que se trataba de una empresa ficticia para apropiarse de fondos públicos que obtenía Rilco.

Tras las dos nuevas imputaciones, las diligencias deberán esperar ahora a la finalización de un informe con un cuarto peritaje sobre lo que costó el portal informático. El Ministerio Público y la acusación particular dan por hecho que el caso terminará en juicio.