El problema está en la costa

Mientras se trató simplemente de algunos atuneros congeladores, pareció que la mejor respuesta de la comunidad internacional ante los apresamientos era, sencillamente, la de recomendar a las empresas pesqueras que se fuesen a faenar a otras aguas. El coste de organizar y enviar una flota de protección al Cuerno de África era desproporcionado para el valor del interés a proteger. Pero la actividad de los piratas se ha disparado y amenaza seriamente a una parte sensible del tráfico marítimo mundial, sobre todo para los países asiáticos. Y los buques mercantes modernos no pueden autoprotegerse mínimamente, como hicieron sus antepasados (los galeones) hace siglos. Las tripulaciones actuales no están por la labor, como es lógico, y, además, un buque tanque o un gasero es increíblemente vulnerable a la más mínima amenaza violenta. Al comercio marítimo no le bastan ya las pólizas de seguros ad hoc que el mercado ha producido rápidamente para cubrir los costos de gestión de los rescates, ni las empresas de autoprotección privada que alquilan sus servicios. Exige una solución a los poderes públicos.

El problema con la piratería -siempre lo ha sido- es doble: por un lado, el mar es un marco tan amplio que resulta casi imposible de controlar eficazmente, por muchos medios que se empleen. En el caso actual estamos hablando de una zona marítima inmensa y de unos piratas que se desplazan con gran facilidad y con esquemas logísticos bien construidos. Pero, sobre todo, el problema es que las raíces de la piratería están en realidad en la costa. Siempre que el poder ribereño consienta la actividad pirática (como sucedió en el Mediterráneo con la berberisca, o en el Atlántico con la inglesa en el siglo XVI), será muy difícil desarraigarla. En el caso de Somalia, es la ausencia de un Estado mínimo en la costa la que crea un vacío en que los poderes locales, tribales o terroristas encuentran incentivos incrementales para sostener esa actividad. Y será casi imposible resolver el problema si no se da solución a su raíz, el de fundar en Somalia un poder capaz de imponer su ley. Pero, como es notorio, después de experiencias de intervención tan bien intencionadas como mal enfocadas, la comunidad internacional no tiene ninguna gana de implicarse directamente en ese turbulento vacío.

El envío de flotas militares por parte de la Unión Europea, India, Malasia o Rusia es un paso en la buena dirección, aunque precisarán de una buena coordinación para ser eficaces. Y, sobre todo, de unas normas jurídicas más claras en cuanto al uso de la fuerza, la capacidad de detención de embarcaciones y personas sospechosas, así como la competencia para el enjuiciamiento y castigo de los detenidos. Y todo ello debe proveerlo Naciones Unidas.

Sin embargo, mientras no se edifique un Estado en la costa somalí, seguirá persistiendo el riesgo de que algunos hagan de la piratería su modo de vida. No tienen casi nada que perder.

José María Ruiz Soroa es abogado especialista en Derecho Marítimo.