Carabanchel aguanta otro asalto

En uno de los laterales exteriores de la galería que da acceso a la cúpula de la cárcel de Carabanchel se puede ver una pintada premonitoria. "Una cárcel menos", reza. La prisión, sin embargo, aún seguía ayer en pie. Las máquinas permanecieron, en silencio, apostadas en el corazón del recinto. Instituciones Penitenciarias reconoce que aún no hay fecha para el inicio de los trabajos de derribo.

El motivo no está carente de cierta ironía. Lo que no han podido las proposiciones en el Parlamento, las peticiones de colectivos vecinales, los informes del Colegio de Arquitectos e incluso el propio Defensor del Pueblo, Enrique Mújica, parecen haberlo conseguido, al menos de momento, varias familias de rumanos que viven en uno de los extremos de la cárcel desde hace cerca de dos años. Sólo son 20 personas, pero, mientras sigan allí, la cárcel parece estar a salvo de la piqueta.

"No nos marcharemos, no tenemos adónde ir", explica un rumano

"El martes nos dijeron que teníamos un día para marcharnos, pero no lo haremos. No tenemos adónde ir", explicaba a primera hora de la tarde Rossi, mientras sujetaba en brazos a su pequeño de dos años. Unas horas antes había expirado el plazo que tenían para desalojar voluntariamente el edificio en el que viven. Sin embargo, allí permanecían, deambulando de un lado para otro bajo una persistente lluvia y ante la mirada de varios empleados de la seguridad privada que vigila el recinto carcelario.

"Algunas familias se han marchado ya. Unos a Rumania. Otros están por ahí, en la carretera de Valencia o en Fuencarral", explica Mircea mientras apura un cigarrillo y enseña los pocos dientes que le quedan en la boca.

Una portavoz de Instituciones Penitenciarias explicó ayer que no se comenzará trabajo alguno antes de que se haya desalojado por completo la cárcel. Sin embargo, ni el Ministerio del Interior, ni la Delegación del Gobierno, ni la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ni el Ayuntamiento de la capital fueron capaces de precisar cuándo se producirá el desalojo.

Mientras, el movimiento de maquinas excavadoras y camiones para la recogida de escombros fue ayer permanente. La presencia de trabajadores de la empresa encargada de la demolición también fue patente. Varios de ellos se dedicaron a tapar todos los huecos de la valla perimetral del complejo con el fin de impedir la entrada y salida de personas.

Por su parte la Plataforma por un centro para la Paz y la Memoria en la antigua cárcel de Carabanchel anunció ayer que enviará un escrito al juez Baltasar Garzón para informarle sobre la intención del Gobierno de acabar con la prisión. Un portavoz del colectivo, que agrupa varias asociaciones vecinales y de ex presos políticos, indicó asimismo que llevarán a los tribunales la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Madrid para los trabajos de demolición. "Vamos a mantener las visitas guiadas de todos los domingos a la cárcel y convocaremos una manifestación el próximo día 8", añadió el presidente de la Asociación de Vecinos de Carabanchel, Pedro Casas.

Por el contrario, el concejal de la Junta de Carabanchel, Carlos Izquierdo, reconoció que está "deseando" que se inicie el derribo de la cárcel. "Estamos encantados de que las máquinas estén ya dentro", afirmó el edil.

Los vecinos de Carabanchel protestan contra el derribo de la vieja cárcel