La Junta abre la puerta a construir más campos de golf con viviendas

"Favorecer la ejecución de los campos de golf que sean declarados de interés turístico". Ese es el objetivo de la enmienda que el Grupo socialista en el Parlamento andaluz ha presentado al proyecto de ley de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad económica de Andalucía. Con ello, la Junta modifica en la práctica y flexibiliza ampliamente la posibilidad de construcción de campos de golf, regulada mediante un polémico decreto, a los que podrían añadirse desarrollos urbanísticos residenciales, siempre que los proyectos se consideren de "interés turístico".

Así lo confirmó ayer el vicepresidente del Gobierno, Gaspar Zarrías, tras el consejo de Gobierno, después de que EL PAÍS avanzara el pasado sábado el contenido de la enmienda socialista a esta norma, y a otras de protección ambiental, para desarrollar actividades económicas y mejorar la situación ante la crisis.

"Ese es el objetivo fundamental que se tiene, ligado a la excelencia deportiva y turística y, en algunos casos, dentro de unas condiciones muy concretas, la posibilidad de unir a esos proyectos desarrollos de carácter residencial", dijo ayer Zarrías, quien añadió, siempre con las reservas debidas, que será posible "unir a un proyecto de esas características el desarrollo residencial", es decir la construcción de viviendas en condiciones muy singulares, que tendrán que ser determinadas por las consejerías de Ordenación del Territorio, de Turismo y de Medio Ambiente.

El famoso decreto del golf, aprobado hace escasamente ocho meses, preveía ya la autorización de construcción de campos de golf de "interés turísticos", pero vinculaba su aprobación a que estas instalaciones estuvieran contempladas en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional.

Asimismo, el decreto aprobado en febrero pasado y que fue objeto de polémica entre varias consejerías, dice textualmente que si el plan subregional no prevé campos de golf o, no existen planes subregionales, se instará a la consejería a que lo incluya en el existente o realice un plan. El caso es que la posibilidad, además de lenta y costosa, era inviable en muchas zonas, donde la propia Junta no tiene previsto desarrollar planeamientos. Con esta enmienda se da respuesta a las demandas de los empresarios andaluces del sector turístico que vieron frenadas sus expectativas de desarrollo con el citado decreto.

Además, la enmienda dota de agilidad la tramitación de estos proyectos, por cuanto establece un plazo de dos meses para dar audiencia a las Administraciones Públicas afectadas; información pública por plazo no inferior a un mes y requerimiento de los informes, dictámenes u otro tipo de pronunciamientos de los órganos y entidades administrativas gestoras de los intereses públicos afectados. Asimismo, la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta implicará la modificación de los planes de ámbito subregional si los hubiere.