Ediles de Baiona también se escudan en los técnicos

Los tres miembros del Gobierno local de Baiona que faltaban por declarar en las diligencias por un supuesto delito de prevaricación, por denegar una licencia urbanística, coincidieron ayer en atribuir su decisión a las recomendaciones e informes de los técnicos, en línea con lo declarado el martes por el alcalde, Jesús Vázquez Almuíña, y los demás ediles del Gobierno.

Manuel Vilar, ex alcalde del municipio; Angel Manuel Rodal Almuíña, concejal de Turismo, y Rosa Ana Marcote, de Educación, Economía, Pesca, Industria y Personal, votaron lo que los técnicos les recomendaron, fiándose de sus argumentos. El primero, pese a su conocimiento detallado del plan general que dijo tener, y los otros dos, por no dominar nada el asunto. "¿Y no le preocupó recibir la querella del fiscal por prevaricación para interesarse más en él?", le preguntaron a Marcote. "Los mismos técnicos me dijeron que no tenía por qué preocuparme", contestó.

En esta tesitura, según fuentes del caso, el fiscal podría ampliar la querella a los técnicos, una vez comprobada su capacidad de arrastre sobre el gobierno local, singularmente la del asesor jurídico, Juan Rico, primo y ocasional mensajero del beneficiario de la operación, Jesús Pérez Gil, quien condicionó la obtención de licencia por la promotora -para un "área de reparto" prohibida en suelo urbano- al pago de 1,8 millones de euros por 27 metros de solar que habría precisado.