"La política de Caldera ya está amortizada"

Si quedaba alguna duda acerca del viraje del Gobierno ante el fenómeno de la inmigración, el ministro del ramo, Celestino Corbacho, se ha encargado de despejarla. "La política de Jesús Caldera fue magnífica, pero ya está amortizada", declara el titular de Trabajo e Inmigración en el número de este mes de la revista Trámite Parlamentario. Caldera, antecesor de Corbacho en el ministerio, impulsó en 2005 la regularización de casi 600.000 extranjeros que trabajaban en la economía sumergida.

"Yo vengo del mundo de la realidad", dice en referencia a su anterior puesto de alcalde en L'Hospitalet, "y hay dos discursos que no sirven para nada: los discursos de salón teóricos y los de 'yo en 48 horas lo resuelvo todo", afirma.

Las declaraciones del ministro, que en otra ocasión hubiesen podido pasar inadvertidas, cobran especial relevancia tras su anuncio del pasado miércoles -luego desautorizado y más tarde corregido- de reducir la contratación de inmigrantes en el extranjero hasta un nivel que "se aproximará a cero".

No ha sido éste el primer anuncio polémico de Corbacho. Antes había dejado clara su intención de excluir de la reagrupación familiar a los padres y a los suegros de los inmigrantes, y de reducirla a los cónyuges y a los hijos.

También había anunciado la puesta en marcha de un plan de retorno para los extranjeros que se hallen en el paro, consistente en permitirles cobrar sus cotizaciones de desempleo en dos plazos, a cambio de que renunciasen a sus permisos de residencia y de trabajo.

En un principio, calculó que la medida afectaría a un millón largo de personas, pero más tarde rebajó la cifra hasta 10.000. Aunque el Consejo de Ministros fue informado antes de las vacaciones de verano, hasta hoy no ha sido aprobado el real decreto que debe articular el plan.

Relación con la crisis

El ministro suele ser acusado, además, de vincular la crisis económica con la inmigración en sus declaraciones. En ese sentido, mantiene una dialéctica opuesta a la de Jesús Caldera (y, hasta las pasadas elecciones, a la de los demás miembros del Gobierno), quien siempre defendió que los inmigrantes contribuían al desarrollo económico y al mantenimiento del sistema de pensiones.

Todo esto se ha reflejado en la inversión de las alianzas del Gobierno en materia de inmigración. El Ejecutivo se ha alejado de sus amigos de la pasada legislatura (IU, ERC y PNV) y se ha acercado a su viejo enemigo, el PP.